Las entidades financieras españolas tenían claro cuando empezó el año que 2010 iba a ser uno de los más difíciles de su historia. Sus márgenes están en mínimos por los bajos tipos de interés, la morosidad sigue creciendo y el negocio no crece porque la economía está parada. El Banco de España añadió ayer un ingrediente más a este cóctel de dificultades: endureció las exigencias de provisiones, la hucha que están obligados a llenar para afrontar los impagos de créditos.

Esta nueva normativa, que todavía puede modificarse en algunos detalles porque está sometida a consulta pública, se comerá un 10% de los beneficios brutos previstos para este año por las entidades en su negocio doméstico y supondrá elevar en un 2% las provisiones estimadas.

Si se hubiera aplicado el año pasado, el lastre para las cajas de ahorros habría sido de unos 300 millones de euros. El negocio de estas entidades es exclusivamente doméstico, a diferencia de la banca, cuyos beneficios vienen en buena parte del extranjero (por Santander y BBVA) y por tanto el impacto es más difícil de calcular.

Las nuevas exigencias del Banco de España, que podrían implantarse a partir de septiembre, establecen un calendario mucho más reducido para hacer todas las provisiones necesarias cuando un crédito entra en morosidad. Ahora, tienen 72 meses para alcanzar el 100% de la cobertura. Desde ahora, sólo habrá un año.

A cambio, el Banco de España reconocerá un valor a las garantías que tienen las entidades como respaldo del crédito, aunque les aplicará un recorte sobre su precio de mercado. En las viviendas de primera residencia, la rebaja (y por tanto la provisión que tendrán que dotar) será del 20%; en las fincas rústicas, oficinas, locales y naves terminadas, del 30%; en el resto de viviendas, del 40%, y en las parcelas, solares y otros activos inmobiliarios, del 50%. Con esos recortes, el Banco de España quiere cubrirse de la posible devaluación de los activos.

El otro gran cambio que se incorporará a la normativa contable es el tratamiento de las adquisiciones de inmuebles en pago de deudas, la operativa que ha utilizado la banca para intentar moderar el efecto de la morosidad de los promotores. Ahora, el Banco de España exige a las entidades dotar unas provisiones del 20% sobre el valor de los inmuebles que han adquirido y permanecen en su cartera durante más de un año. Con la nueva disposición, será el 30% cuando cumplan dos años en su poder.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, las entidades tienen 59.700 millones en este tipo de activos y las provisiones dotadas para ellos ascienden a 13.000 millones, lo que supone una cobertura del 21,8%. Llegar al 30% supondría prácticamente 18.000 millones (es decir, 5.000 millones más) aunque es previsible que muchos de los activos se vendan antes de llegar a los dos años, con lo que no se tendrá que alcanzar esa cuantía. Con esta decisión, el Banco de España pretende que se acelere la venta de inmuebles.

Fuentes de la banca criticaron ayer duramente esta medida. A su juicio, el Banco de España debería esperar al próximo año para endurecer sus exigencias en lugar de hacer ahora cuando las cosas están tan difíciles. En 2011, dicen, es previsible que el negocio y los beneficios estén más boyantes.