Los vecinos del barrio valenciano de Benimaclet están hartos de la impunidad de los racistas. El pasado lunes, 50 simpatizantes del partido ultra España 2000 desfilaron por las calles para mostrar su eslogan xenófobo: "Los españoles primero". Los rapados llegaron a amenazar de muerte a los propietarios del centro social Terra, emblemático local de la izquierda nacionalista. Un centenar de personas representadas por la asociación de vecinos pidieron el miércoles "paz y tranquilidad", como leyó en un comunicado el presidente del colectivo, Antonio Pérez.

Quince miembros de España 2000 irrumpieron el lunes pasado en el Terra, bloquearon la salida y amenazaron durante media hora a los clientes. "Tuvimos verdadero miedo", contó uno de los gestores del bar que sirve de asociación cultural del barrio. Cuando llegó la policía, sólo comprobó los papeles del local. Este testigo señala que un agente le confesó su impotencia: "No podremos hacer nada hasta que no haya un muerto".

La manifestación xenófoba de España 2000 provocó el cierre de los comercios y la sensación fue de un "vacío general", explica Mercedes Jiménez, directora de un instituto. Hartos de tanta impunidad, los vecinos se han unido contra las provocaciones. La protesta del pasado miércoles concentró a 13 colectivos, entre los que estaban los comerciantes y los padres de alumnos. Sólo faltaban las asociaciones de inmigrantes a los que quieren proteger: "No hemos querido que estén en primer plano porque sabemos que son su objetivo principal", explicó Pérez.

El portavoz de España 2000, Samuel Azor, desprecia a los vecinos: "Nos manifestamos porque un grupo de personas que vive allí está harta de la inseguridad". Azor negó las amenazas al local Terra, a cuyos propietarios acusó de avisar a los inmigrantes con "mentiras". Los vecinos denuncian "indefensión" y reclaman un "Benimaclet tolerante y vivo", según el comunicado. "Queremos exigir a las autoridades que actúen", demandaron. De momento, han pedido una reunión con Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en Valencia, quien calificó la protesta de España 2000 como "parte de la riqueza democrática".

La plataforma Acción Popular contra la Impunidad exige una fiscalía especial para delitos de odio como las de Madrid o Barcelona. Fuentes del colectivo aseguran que estas agresiones quedan impunes y denuncian que 15 artefactos explosivos han estallado en los últimos tres años, sin ser investigados, en locales de apoyo a inmigrantes y en sedes de partidos de izquierda.