El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso , ha enviado una carta a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la que expone sus 'prioridades políticas' para los próximos cinco años si es reelegido para un segundo mandato al frente de la UE.

La maniobra política del portugués responde a las exigencias que habían expuesto como condición dos de sus homólogos europeos , el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel a cambio de su apoyo.

Barroso presentará también estas prioridades durante la cena que culminará esta noche la primera jornada de la cumbre de líderes europeos. A continuación, los 27 expresarán su 'apoyo político' a la continuidad de Barroso, pero sin tomar todavía la decisión jurídica correspondiente, según fuentes diplomáticas. Con ello, se dará tiempo para mantener contactos informales con el nuevo Parlamento Europeo.

El objetivo es reducir el riesgo de que la Eurocámara se rebele y rechace la elección de los 27 por no haber sido consultada . Si la presidencia constata que hay una mayoría simple en la Eurocámara a favor de Barroso, se aprobará la decisión jurídica que lo nombra por procedimiento escrito, es decir, sin necesidad de una nueva cumbre, y se someterá a ratificación del pleno el 15 de julio.

En su carta a los líderes europeos, el presidente de la Comisión asegura que si los 27 le designan y la Eurocámara le ratifica interpretará este respaldo como 'un mandato para llevar a cabo la ambiciosa visión política que Europa necesita para los próximos cinco años'. 'En tiempos de crisis necesitamos más que nunca una UE fuerte y una Comisión fuerte. Necesitamos más, y no menos, Europa', indica.

Tal y como le habían pedido Sarkozy y Mekel, Barroso afirma que cree en una UE que 'proteja y promueva el interés europeo en todo el mundo', aunque añade que rechaza 'todas las formas de proteccionismo económico'. Asimismo, resalta que dará prioridad en su próximo mandato al fortalecimiento de la supervisión y regulación de los mercados financieros.

En su programa figura también como punto destacado la lucha contra la crisis económica y la transición hacia un crecimiento 'más verde y más sostenible', basado en la cohesión económica y social y que garantice la consolidación fiscal a largo plazo.

El presidente de la Comisión quiere además mantener el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático, impulsar las inversiones en I+D para transformar a Europa en una sociedad basada en el conocimiento, y facilitar el desarrollo de la agricultura, el sector industrial y los servicios.

'Si puedo contar con su apoyo claro y si mi visión es compartida por ustedes y por el Parlamento Europeo, será un honor para mí continuar sirviendo al proyecto europeo', concluye la misiva de Barroso a los líderes europeos.

Los líderes de la UE inician una cumbre en la que propondrán a Barroso para otro mandato al frente de la Comisión Europea y además tratarán de lograr un acuerdo en el asunto clave de la reforma del sistema de supervisión financiera.

Esta reunión de dos días en Bruselas comienza esta tarde y el programa destaca la decisión sobre Barroso, que abrirá el proceso de renovación de la Comisión Europea, un ejercicio que debe concluir este otoño.

Según la legalidad actual, Barroso podría ser confirmado en julio por el Parlamento Europeo conforme a las normas del Tratado de Niza, pero el conjunto de la Comisión podría serlo por el Tratado de Lisboa, que para entonces puede estar ya en vigor.

Para ello, los jefes de Estado y Gobierno pactarán una serie de garantías jurídicas a Irlanda que aseguren a sus ciudadanos que ese Tratado no afectará a la soberanía irlandesa en cuestiones muy sensibles allí: fiscalidad, neutralidad, aborto y derecho de familia.

Con esas garantías, el Gobierno de Dublín espera lograr la ratificación del Tratado en un segundo referéndum (y cerrar así la crisis que abrió la derrota en la consulta de hace un año).

El primer ministro irlandés, Brian Cowen, podría incluso anunciar hoy a sus compañeros del Consejo Europeo la fecha para la celebración del segundo referéndum, y todo apunta a que será entre la última semana de septiembre y la primera de octubre.

Si bien esos dos puntos no presentan problemas a priori, más complicado será lograr una decisión sobre la reforma de la supervisión del sistema financiero, un punto que muchos países consideran clave para restaurar la confianza y asentar las bases de la recuperación económica.

Aunque los países de la UE están de acuerdo en la necesidad de establecer un nuevo sistema de supervisión financiera ya en 2010, sigue habiendo diferencias sobre el alcance de la reforma y las competencias que tendrán las nuevas instituciones de vigilancia.

Si bien hay un acuerdo preliminar en torno a los principios básicos, persisten notables diferencias sobre cómo se llevarán a cabo en la práctica, según coinciden diferentes fuentes diplomáticas y comunitarias.

El Reino Unido encabeza la oposición -en la que se sitúa también a algunos países pequeños-, ya que teme ceder a nuevas autoridades supranacionales la capacidad para controlar la City de Londres, el centro financiero más importante del continente y uno de los más relevantes del mundo.

El debate económico será el más importante de esta cumbre, ya que también se repasará la eficacia de las medidas tomadas contra la crisis y se estudiará la necesidad de nuevas acciones.

España defenderá la necesidad de un mayor compromiso con la protección del empleo y con la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad, según dijo ayer en Madrid el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, quien consideró 'insuficiente' el primer borrador de la presidencia checa sobre las propuestas de la Comisión.

López Garrido destacó la propuesta de la Comisión de adelantar a 2009 y 2010 la entrega de 19.000 millones de euros del Fondo Social Europeo destinado a ayudar a los trabajadores a conservar su empleo o buscar uno nuevo, y flexibilizar las reglas de financiación.

Otro punto donde hay divergencias claras es en inmigración, donde la mayoría de los países comunitarios sigue oponiéndose a algún tipo de compromiso obligatorio en el futuro al reasentamiento de personas con estatuto de asilo.

Esa solidaridad es pedida con insistencia por Malta -el país más afectado por el importante número de asilados que acoge-, Italia, Grecia y Chipre, y cuenta con el apoyo español.