Bashir castiga a las ONG por la orden de arresto contra él

Los habitantes de Jartúm se precipitaban ayer por la mañana a comprar víveres porque se temían lo peor. "Tenemos miedo de que Sudán se convierta en el nuevo Afganistán o Irak", comentaba Imtinam Aziz cuando se dirigía al colmado situado en la calle 1 de Amarat, el barrio de la capital sudanesa dónde se concentran las embajadas.

El gigantesco país africano vive una situación extremadamente tensa desde que la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó el miércoles una orden de arresto contra el presidente del país, Omar al Bashir, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad en la región sudanesa de Darfur.

Inmediatamente después del anuncio de la CPI, el Gobierno de Jartúm anunció la expulsión de diez organizaciones humanitarias. Tres más se sumaron ayer a la lista: la sección francesa de Médicos sin Fronteras, Save the Children USA y Padco.

Según el vicepresidente Ali Osman Taha, varias organizaciones de ayuda "no respetan las leyes del país" y debido a ello se les ha ordenado que abandonen Sudán en un plazo de 24 horas. El Gobierno acusa a las ONG de haber pasado información a la CPI que fue determinante para la decisión de procesar a Al Bashir.

Las organizaciones de ayuda han advertido del impacto que tendrá esta decisión en la población civil de Darfur, donde 2,5 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria. Según la ONU desde el inicio del conflicto en Darfur en febrero del 2003, 300.000 personas han muerto y 2,7 millones se han visto obligas a abandonar sus hogares.

Negociaciones de paz

Tal como habían indicado algunos observadores internacionales, la decisión de la CPI podría sumergir en el caos al mayor país de África, que se recupera lentamente de dos décadas de guerra civil entre el norte y el sur y que dejó dos millones de muertos y provocó el desplazamiento de cuatro millones de personas.

Es una orden contra los que rechazan las pautas de Occident, dice Bashir

Las negociaciones de paz en Darfur también podrían verse amenazadas. Varios países africanos y China están presionando al Consejo de Seguridad de la ONU para que revoque la orden de arresto.

No lejos del barrio de Amarat, el presidente desafiaba ayer a la comunidad internacional ante más 2.000 personas comparando la justicia internacional con el colonialismo. "Sudán, que rechazó todo tipo de humillación y que resistió al colonialismo, no puede aceptar el regreso de ese colonialismo", dijo Al Bashir.

Según el presidente la orden del tribunal, con sede en La Haya, no se había dictado sólo contra él, sino contra "todos los estados que rechazan la política de dictados" de los países occidentales.

En tono desafiante, el mandatario sudanés exigió que deberían ser los países occidentales los que se sientan en el banquillo. "Los mentirosos y los verdaderos criminales en Europa y EEUU quieren juzgar a las personas honradas. Los que han robado la riqueza de los pueblos son los que tienen que sentarse frente al tribunal", dijo Al Bashir.

Desde Bruselas, la Unión Europea lamentó la decisión de expulsar a las ONG de Sudán. Pero la Comisión Europea confirmó que mantendrá los programas de ayuda humanitaria, que financia con 110 millones de euros.

Los habitantes de Jartum se han lanzado a comprar víveres con miedo

Las agencias de la ONU y otras instituciones humanitarias que aún permanecen en el país temen correr la misma suerte que las agencias expulsadas. Por una parte, se ven ante el dilema de cubrir el vacío dejado por las agencias proscritas y temen ser instrumentalizadas por el Gobierno de Jartúm. Por otra parte, no pueden abandonar a una población que depende de la comunidad internacional en lo que respecta a la comida, agua y otras necesidades básicas.

El Gobierno insiste que seguirá investigando a aquellas ONG que sospecha tienen alguna relación con la CPI. Los recelos contra las organizaciones humanitarias viene de lejos. En 2005, Médicos sin Fronteras, enfureció al Gobierno al publicar un informe que denunciaba 500 casos de violaciones contra mujeres, niños y hombres registrados en sus clínicas en Darfur.

La supuesta neutralidad de dichas organizaciones parece estar en entredicho. Oxfam subrayaba en un comunicado publicado tras el anuncio de su expulsión que no "tiene una opinión sobre las actividades de la CPI y nuestro único objetivo consiste en cubrir las necesidades humanitarias y de desarrollo en Sudán."

Extranjeros preocupados

Los extranjeros temen represalias desde el anuncio de la orden de arresto de Al Bashir. Y los cooperantes que aún permanecen en el país se preguntan por su futuro. Tal como comentaba ayer el responsable de una ONG europea: "Al Gobierno le importa tan poco su población que ya ha expulsado a más de diez organizaciones y probablemente no se detendrá ahí".