La sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha avalado la ilegalización de Batasuna cierra un ciclo en la lucha judicial contra el terrorismo de ETA. Pero la resolución no pone punto final a los procesos abiertos en la Audiencia Nacional contra el entorno de la banda, que seguirán su curso y auguran un otoño calificado de 'caliente' por fuentes jurídicas consultadas por Público.

El inicio del nuevo curso lo marcará el juicio contra la asamblea de electos de Batasuna, conocida como Udalbiltza Kursaal. El fiscal Juan Moral pide penas de 10 y 15 años de cárcel para los 22 procesados por los delitos de pertenencia a organización terrorista y malversación de caudales públicos. La acusación se basa en que, a través de la asamblea de electos, ETA creó una estructura para mantener su presencia en las instituciones.

A continuación está previsto que se celebre el juicio del sumario en el que se investigó la financiación de ETA a través de las herriko tabernas controladas por Batasuna. La causa se abrió en 2002 y Garzón dio por concluida la investigación en abril de 2008. El fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, preparará su escrito de calificación en cuando la Sala de lo Penal le dé traslado de los casi 900 tomos que tiene la causa, en la que están acusados Arnado Otegi y otros 40 dirigentes de Batasuna.

El otro sumario contra las organizaciones del entorno de ETA es el relativo a la llamada nueva Mesa Nacional de Batasuna, que se investiga conjuntamente con ANV y PCTV.

El pasado marzo, Garzón procesó a 44 dirigenes de la izquierda abertzale, a los que acusaba de haber participado en la 'regeneración del tejido terrorista' con el que intentaban burlar la ilegalización de partidos. Estrasburgo avaló esta semana la acordada en 2003 para Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, pero el pasado mes de septiembre también fueron ilegalizados ANV y PCTV. En este mismo sumario, la Fiscalía pidió la semana pasada el procesamiento de los dirigentes del PCTV que se encontraban a disposición del Tribunal Superior del País Vasco.

La Audiencia Nacional tendrá en cuenta en estos casos las sentencias dictadas contra otras organizaciones del entramado, como Jarrai, Haika y Segi, que el Tribunal Supremo declaró terroristas; Gestoras pro Amnistía, pendiente de casación; y la más reciente, la del caso Ekin, en la que el Alto Tribunal rebajó la pena a 37 de los 47 condenados y absolvió a nueve.