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Berlusconi, dispuesto a acudir a sus juicios, rechaza elecciones anticipadas

EFE

El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, anunció hoy una nueva reforma de la justicia, tras asegurar que no habrá elecciones generales anticipadas y está dispuesto a acudir a las audiencias de los juicios que tiene pendientes.

"El primer ministro considera oportuno defenderse en primera persona", dijo su abogado defensor Niccolo Ghedini pocos minutos antes de que comenzara en Milán (norte) la audiencia preliminar del proceso contra Berlusconi por el "caso Mediatrade", que fue aplazado hasta el próximo 28 de marzo.

Ghedini aseguró que Berlusconi "está dispuesto a acudir" a todas las audiencias, "hasta a cuatro vistas al mes, pero siempre los lunes (para hacerlo compatible con sus compromisos políticos)".

Berlusconi, agregó su defensor, está dispuesto a participar incluso en audiencias dobles y a participar, en casos extremos, en otras vistas que se celebren en sábado, otro de los días más "ligeros" de compromisos políticos.

La "oferta" de Ghedini se produjo pocas horas antes de que Berlusconi interviniera telefónicamente en una reunión de su partido, el PDL, en Avezzano (centro de Italia) en la que volvió a atacar duramente a la oposición de izquierdas, acusándola de echar manos a todos "los atajos mediáticos-judiciarios para lograr lo que no obtuvieron en las urnas" (su dimisión, nuevas elecciones y llegar al poder).

"No habrá elecciones generales anticipadas. Sería un daño para el país, al ofrecer una imagen de inestabilidad", afirmó rotundamente Berlusconi, que aseguró que los sondeos siguen colocando a su partido el primero, con el 30,6 por ciento de los votos y que la coalición en el poder cuenta con el 51 por ciento de los votos.

Berlusconi manifestó que el consejo de ministros del próximo jueves aprobará una reforma de la justicia que será "histórica", sin precisar más.

El ministro de Justicia, Angelino Alfano, aseguró que la reforma "servirá a todos los ciudadanos y no a Berlusconi", como denunciaron hoy dirigentes de izquierdas, como la jefa de los senadores del Partido Demócrata (PD, el primero de la oposición), Anna Finocchiaro.

Finocchiario acusó a Berlusconi de mentir y de estar sólo interesado en una "justicia ad personam".

"Su bulimia oratoria ha llegado al mismo nivel que su incapacidad para gobernar. El único tema que le interesa es el de la justicia, pero no en el sentido que todos los ciudadanos damos a este palabra, sino en el sentido de la defensa de sus intereses y sus miedos", afirmó Finocchiario.

El ministro Alfano afirmó que la reforma quedará completada en dos años, lo que demuestra que no sirve a Berlusconi, sino a todos los ciudadanos. También aseguró que no será una "reforma punitiva" contra los magistrados, a los que Berlusconi acusa de ser "comunistas".

Berlusconi tiene cuatro casos pendientes con la justicia: el caso Mediaset, por un supuesto delito de fraude fiscal; el llamado caso "Mediatrade", también por un presunto delito de fraude fiscal y apropiación debida, y el conocido como Mills, por supuesta corrupción en acto judicial.

El cuarto es el caso Ruby, en el que Berlusconi está imputado por dos supuestos delitos: abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, y que comenzará el 6 de abril con procedimiento inmediato.

Hoy fue aplazada al 28 de marzo la audiencia preliminar del caso "Mediatrade" debido a irregularidades cometidas en la notificación de la vista a uno de los investigados, Piersilvio Berlusconi, hijo de Il Cavaliere.

En este caso también está imputado Fedele Confalonieri -presidente de Mediaset, el coloso televisivo de la familia Berlusconi- y otra nueve personas. Todos están acusados por las presuntas irregularidades en la compraventa de derechos televisivos y cinematográficos.

En el caso "Mediatrade" se investiga si Mediaset a través de su filial Mediatrade compró los derechos de películas a una mayorista estadounidense mediante un intermediario, Frank Agrama y su empresa Wiltshire, para aumentar después los precios y permitir, con su recompra, evadir dinero al fisco.

La fiscalía les acusa de un fraude fiscal de 34 millones de euros.

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