Blanco firma hoy el convenio para financiar el plan de infraestructuras

El ministro de Fomento, José Blanco, firmará hoy con las entidades financieras el convenio para financiar el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que pretende movilizar una inversión de 17.000 millones de euros.

El titular del Departamento de Fomento rubricará convenios con los representantes del Banco Europeo de Inversión (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB).

De esta forma, se activará el programa de financiación de infraestructuras mediante fórmulas de participación público-privada, que permitirá adelantar en el tiempo las inversiones previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT).

Con este sistema de colaboración público-privada, el Gobierno quiere impulsar proyectos de carreteras y ferrocarril y evitar su repercusión en las arcas públicas hasta 2014.

Así, el Ministerio de Fomento va a licitar durante 2010 y 2011 obras por 11.900 millones de euros para mejorar y construir nuevas líneas de ferrocarril y sacará a concurso otros 5.100 millones para reformar y promover nuevas carreteras.

La construcción de infraestructuras será financiada por constructoras, con apoyo de las entidades financieras, y, en contraprestación, el Gobierno comenzará a pagar a las empresas un canon anual durante el periodo de la concesión (de 25 a 30 años), una vez entren en servicio las nuevas infraestructuras en 2014.

A partir de esta fecha, el Ministerio destinará al pago del canon un 8 por ciento de la partida de sus presupuestos destinada a este tipo de proyectos.

El ICO participará en este plan, además de con sus habituales préstamos participativos, mediante la creación de un fondo público-privado dotado de 1.000 millones de euros que formará parte del capital de los proyectos.

El fondo, que estará disponible antes del verano, tendrá una sociedad gestora privada, en la que el ICO participará de forma minoritaria con un máximo de 500 millones de euros, en tanto que el resto será aportado por inversores privados.