El teniente de alcalde de Barcelona Ramón García-Bragado ha admitido hoy ante la juez que la tramitación del proyecto del Hotel del Palau habría sido distinta si hubiera sabido antes que el promotor era un particular, porque cree que la operación sólo tenía sentido vinculada a la institución cultural.

García-Bragado, que desde que en julio pasado fue imputado por prevaricación y falsedad documental cesó como responsable máximo de Urbanismo en Barcelona aunque mantuvo su condición de teniente de alcalde, ha comparecido hoy durante poco más de una hora y media ante la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa Palacio, que investiga la "operación especulativa" sobre el proyecto del lujoso hotel.

Antes de Bragado ha comparecido ante la juez como imputado el ex gerente de Urbanismo de Barcelona Ramon Massaguer, quien, por el contrario, ha defendido que el interés público del Hotel del Palau de la Música quedaba garantizado aunque su promotor fuera un particular, con lo que ha considerado irrelevante que durante la tramitación urbanística permaneciera oculta la cesión del proyecto hotelero a la constructora Olivia Hoteles.

En cambio, según han informado fuentes judiciales, Bragado ha mantenido ante la juez una tesis opuesta y ha reconocido que la entidad promotora del hotel sí que era una circunstancia relevante, porque, a su juicio, este proyecto sólo tenía sentido si estaba vinculado directamente al Palau de la Música como institución.

Como ya afirmara en su primera declaración como testigo, el teniente de alcalde ha insistido hoy ante la juez y ante los periodistas que no supo del cambio de titularidad de la finca donde iba a construirse el hotel hasta agosto de 2009, una vez el Palau de la Música había cambiado de gestores al estallar el escándalo del saqueo de la institución a manos de su anteriores responsables Fèlix Millet y Jordi Montull.

A preguntas de los periodistas, Bragado ha asegurado que, si hubiera sabido antes que el proyecto se había cedido a Olivia Hoteles, habría exigido "las explicaciones correspondientes" para incorporarlo al expediente.

En su declaración ante la juez, según fuentes judiciales, el concejal ha precisado que, de haber sido informado antes de la cesión del proyecto, habría actuado como hizo en agosto de 2009, al enterarse de la modificación.

Según su versión, cuando supo que era Olivia Hoteles la promotora del hotel, dio las instrucciones pertinentes a la gerencia de Urbanismo del consistorio para que aclarara la situación y pidió explicaciones a sus interlocutores en el proyecto, para exigir un convenio de colaboración entre el constructor y el Palau que garantizara que el hotel quedara vinculado a la actividad de la institución.

En su declaración, Bragado ha negado que mantuviera con Massaguer la conversación -supuestamente transcrita por Jordi Montull e incluida en la causa- que establecía una "hoja de ruta" para la tramitación urbanística del proyecto y que preveía no dar publicidad al proceso y buscar apoyos en todo el arco político con el fin de sacarlo adelante.

El teniente de alcalde ha negado también que presionara a la ex concejal de Ciutat Vella Itziar González, quien dejó su cargo por, entre otros motivos, su oposición al proyecto hotelero, y ha añadido que siempre estuvo de acuerdo con ella en la convocatoria del referéndum vecinal que rechazó la construcción del hotel.

Asimismo, ha asegurado que, de ser cierto que el asesor jurídico Enric Lambies, también imputado, le hubiera comunicado a Ramon Massaguer el cambio de titularidad del proyecto -lo que éste ha negado hoy-, el gerente de Urbanismo le tendría que haber informado de esa circunstancia.

En cualquier caso, Bragado ha defendido ante la prensa la "honorabilidad" de toda la cúpula de Urbanismo de Barcelona, imputada por esta causa, y ha se ha mostrado esperanzado en que las "sombras" que ha provocado su imputación queden disipadas al demostrarse que la acusación contra ellos es "injustificada".

Por este caso, la juez ha citado mañana a declarar a Fèlix Millet y a Jordi Montull para que respondan de los nuevos delitos de los que les acusa la fiscalía, como cooperadores necesarios de prevaricación y falsedad documental.