La apasionada disputa interna de la Comisión Europea sobre las ayudas al carbón terminó ayer con la esperada autorización de las subvenciones del Gobierno. El Ejecutivo comunitario dio su visto bueno para que la producción de electricidad reciba ayudas de Estado cuando utilice carbón español. Sin embargo, Bruselas ha impuesto una fecha de caducidad improrrogable a cambio. 'Las autoridades españolas se han comprometido en firme a no prorrogar el régimen en ningún caso más allá del 31 de diciembre de 2014', anunció la Comisión, que había pospuesto en varias ocasiones la decisión. La guerra abierta entre los comisarios de competencia y medioambiente por este tema llevó a la paralización del expediente durante todo el verano.

La aplicación de esta decisión no será inmediata, ya que el Gobierno deberá esperar a recibir los preceptivos dictámenes del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Competencia antes de aprobar el decreto en el Consejo de Ministros.

El decreto con las ayudas, que pretende dar salida al excedente de mineral de minas españolas, afecta a una decena de centrales, que recibirán una subvención pública, y a la compra de la electricidad producida a cambio de que proceda del carbón autóctono.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, viajó el martes en Bruselas para mantener varias entrevistas con comisarios, una gestión que se suma a la expresa petición del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al jefe de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. Industria alegó que el carbón nacional es una fuente vital para garantizar la independencia energética que no pone en peligro los esfuerzos del Gobierno por reorientar la producción de electricidad hacia las energías renovables.

Los grupos ecologistas denunciaron la hipocresía de Bruselas, patente al comparar los discursos verdes de los comisarios europeos y decisiones como la de ayer. 'La Comisión está siendo totalmente incoherente', según Frauke Thies, de la oficina comunitaria de Greenpeace. 'Mina la credibilidad de los compromisos ambientales y energéticos de la UE. La contaminación se verá incrementada, los consumidores pagarán más, las inversiones en renovables se retrasarán', lamentó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Mineros

La noticia convenció a los mineros españoles que ayer finalizaron las protestas. Los 200 que han recorrido 160 kilómetros en la conocida como 'marcha negra', concluyeron ayer su periplo en León, donde fueron aclamados por más de 12.000 personas. Su marcha se encontró con la manifestación de la huelga general donde se provocaron enfrentamientos con los sindicatos mayoritarios.

En Ponferrada, Ariño y Madrid también dieron por concluidas las diferentes huelgas de hambre. En cambio, los seis mineros encerrados en el Ministerio de Industria continuarán allí para buscar una solución a los otros frentes abiertos, entre los que figura el pago de las nóminas atrasadas por parte de grupos de empresas mineras Victorino Alonso y Viloria.

Por otro lado, la Comisión Europea presentó ayer la primera propuesta formal para endurecer el Pacto de Estabilidad y castigar a los países poco competitivos. La reforma está inspirada en la política de Angela Merkel, que dio su apoyo al rescate de Grecia a cambio de aplicar mano dura contra el déficit o deuda desbocados en el futuro. Además de fijar una multa en forma de depósito del 0,2% del PIB para los países que fracasen a la hora de controlar su déficit o deuda, Bruselas plantea otra del 0,1% para los poco competitivos.