Dos años después de la caída de Lehman Brothers, Bruselas ha propuesto censar y limitar el uso de las operaciones altamente especulativas, que empujaron a varios países hacia el precipicio mediante apuestas contra su solvencia. El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, planteó hoy elaborar un registro y someter al control de los reguladores las operaciones con derivados, es decir, productos financieros basados en el valor futuro de un activo.

Bruselas planea además que los supervisores, incluyendo la nueva autoridad europea en la materia, tengan acceso a los contratos de estos productos, hasta ahora un enigma. Según Barnier, el objetivo es crear una 'caja negra' con información sobre este sector, a fin de evitar que 'ningún mercado financiero' se comporte como 'el salvaje Oeste'.

Hasta ahora no existía ninguna ley europea sobre los derivados, a pesar de que un 40% del comercio mundial se lleva a cabo en Londres, lo que 'ha contribuido a la crisis financiera y a las graves consecuencias que estamos sufriendo', aseguró Barnier.

Barnier también propuso limitar al máximo las llamadas ventas a corto o apuestas a la baja contra una acción. Las ventas a corto son inversiones diseñadas para que el especulador se beneficie si los títulos pierden valor, lo cual puede generar una espiral bajista.

Este tipo de operaciones, que fueron utilizadas para debilitar la credibilidad de economías como la griega, están concebidas para 'mejorar la liquidez y contribuir a fijar precios de manera eficiente', recordó el comisario.

Sin embargo, la especulación excesiva puede 'amplificar las caídas de precios y provocar turbulencias en los mercados', recordó Barnier. Según la propuesta de la Comisión, los especuladores tendrán que declarar las ventas a corto y notificarlas a los supervisores cuando afecten a más del 0,2% de la compañía y alertar al mercado si superan el 0,5%.

Las ventas a corto basadas en deuda pública, incluyendo los llamados CDS (o credit default swaps) también tendrán que ser notificadas, aunque el umbral cambiará según la situación económica del Estado afectado.

La nueva legislación entrará en vigor siempre que el Consejo, la institución de los Gobiernos, y la Eurocámara den su visto bueno. Barnier aseguró que la propuesta cumple el objetivo del G-20 de reglamentar los mercados y al tiempo las demandas de París y Berlín en la materia, y confió en que las propuestas de hoy sean una realidad a finales de 2012.