El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado hoy su intención de remitir a las asociaciones de fiscales antes del próximo verano un documento para fijar las líneas generales de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que pueda llegar al Parlamento antes de fin de año.

Caamaño se ha reunido hoy con representantes de la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en lo que ha supuesto una primera toma de contacto con éstas desde su nombramiento.

Tanto el presidente de la AF, Guillermo García-Panasco, como el de la UPF, Emilio Sánchez, han indicado en declaraciones a Efe que el ministro no ha concretado hoy las líneas generales de esta reforma, en la que se daría un mayor poder de instrucción a los fiscales.

El pasado 26 de marzo, en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Caamaño destacó la necesidad de configurar un proceso penal que "deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras".

En este sentido, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, propuso también la pasada semana "avanzar hacia un modelo verdaderamente acusatorio", con un fiscal responsable de dirigir la investigación y un juez que asegure las garantías del procedimiento.

Aunque el ministro "no ha sido todo lo preciso que hubiéramos querido" a este respecto, ha expresado su intención de trasladar el documento en el que están trabajando antes del verano para poder fijar las líneas generales de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha indicado García-Panasco.

El presidente de la AF ha expresado su disposición a estudiar la reforma ya que su asociación es "plenamente consciente" de su necesidad aunque ha advertido de que "no queremos que de la puerta de un despacho se quite el cartel de juez y se ponga el del fiscal".

García-Panasco ha defendido la necesidad de establecer un modelo nuevo y diferente "pero no desvestir a un santo para vestir a otro", y ha dicho que previamente es necesaria una reforma previa del Estatuto del Ministerio fiscal.

El ministro, según el representante de la asociación mayoritaria en la carrera fiscal, les ha expuesto su interés en que se trate de un documento consensuado para analizar no solo con los fiscales, sino con las asociaciones de jueces, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y trabajar en él previamente a que llegue al Parlamento.

Por su parte, el presidente de la UPF también ha considerado que no se han abordado asuntos muy concretos en esta primera toma de contacto y que estarán a la espera de recibir un calendario de trabajo.

La Unión Progresista de Fiscales ha trasladado al ministro su plena disposición a ofrecer sus valoraciones a las líneas generales de la reforma de la LECr que, por el momento, desconocen.

Sánchez ha destacado en este sentido que es el momento de afrontar una reforma global del proceso penal que tiene que asentarse sobre el binomio fiscal investigador y juez de garantías, y ha valorado la disposición del Ministerio para contar con la opinión de las asociaciones.