El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado el martes a declarar como imputado al compositor canario Caco Senante por haber cobrado de manera irregular 30.000 euros de la SGAE por unos trabajos que supuestamente hizo para Canarias pero de los cuales consta muy poca información.

El juez citó el martes a las 10.00 horas a Senante, miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) desde julio de 2007, por un delito de apropiación indebida.

Ese día tomará declaración asimismo como testigos al exdirector de Socios Juan Nebreda Nicolás y al exdirector de Gestión José Manuel Macarro Arrojo, y el miércoles ha citado también como testigo al ex secretario general de la SGAE Francisco Galindo Villoria.

Ruz explica en el escrito de citación que la imputación de Senante responde a que, según informes de la Guardia Civil, el cantante pudo haber cobrado de la SGAE "de modo presuntamente irregular" en el periodo de tiempo de octubre de 2010 a junio de 2011 un total de 30.354 euros en nueve pagos.

No hay constancia de que los trabajos encargados a Senante se formalizasenEste dinero lo recibió emitiendo facturas a la SGAE a través de la empresa Algo Distinto S.L. por prestar servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque según los informes "no hay constancia de que se formalizase en documento alguno" su contratación, ni tampoco las labores que tenía que realizar y las cantidades que iba a percibir.

De esta contratación, detalla el juez, no consta ninguna referencia en las actas del Consejo de Dirección de la SGAE, y además hubo un "escaso seguimiento" respecto de los trabajos que realizó y fue también "escasa" la información que el cantante presentó a la Sociedad General de Autores y Editores.

Con esta citación, el juez Ruz da un impulso a este caso contra la excúpula de la SGAE, iniciado en junio de 2011 con la detención de Eduardo Bautista, entonces presidente del Consejo de Dirección de la entidad, y en el que figuran como imputados el cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, y el exdirector de la SDAE -filial digital de la SGAE- José Luis Rodríguez Neri, presunto cabecilla de la supuesta trama de desvío de dinero de este organismo.

En el escrito, el juez da además de plazo hasta el día 30 de este mes a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Universidad Autónoma de Madrid para que presenten los informes que tienen pendientes, uno de ellos sobre las contrataciones entre la SGAE y varias empresas.

Entre las empresas figura Portal Latino S.L., que supuestamente usó Ramoncín para poner en marcha un programa de televisión cuya realización la Guardia Civil no ha podido justificar con contrato alguno y que sospecha que nunca se hizo.

Otro de los informes que deben presentar es acerca del desarrollo de cinco proyectos informáticos gestionados por la SGAE (Proyecto Teseo, Proyecto Monitor, eLOS, SGS y Web SGAE) y de los proyectos informáticos vinculados a Portal Latino S.L.

Las investigaciones realizadas en esta causa han constatado, según el juez, la existencia de un entramado de empresas creado por Neri que "se habrían venido beneficiando de una exclusiva contratación con algunas de las entidades del Grupo SGAE", como la SDAE, Portal Latino o la propia SGAE, "constituyendo casi en forma exclusiva su principal fuente de ingresos".

El supuesto desvío de fondos, según Ruz, se llevó a cabo mediante una trama empresarial "parasitaria" de la entidad "ideada" por Neri, aunque "autorizada, consentida y también impulsada" por Bautista, a quienes imputó un delito de apropiación indebida, otro de administración fraudulenta y un tercero societario