Su drama se está convirtiendo en una noticia cada vez más habitual por la lacra del paro. Madre de dos hijos, socióloga de formación, con 40 años, Marta Pérez (que prefiere ocultar su verdadero nombre) vive con angustia, pendiente del embargo de su casa, en Leganés (Madrid). Se ejecutará en breve. "El daño está hecho. Yo pierdo mucho. Llevo dos años que no duermo, con todo empaquetado desde que la caja me dijo que iba a instar la ejecución hipotecaria por inestabilidad laboral", dice Marta. Debía 5.900 euros de cuotas de la hipoteca "y la caja no quiso negociar; lo quería todo de una vez", cuenta indignada.

En mayo, la Caja de Extremadura se quedó su piso en subasta "por la mitad de precio, 67.000 euros, cuando lo tasaron en 2004 por 133.000". El nuevo decreto que entró en vigor el jueves eleva del 50% al 60% el valor mínimo de los pisos que la banca se queda en subasta cuando no hay postor. Marta pide "que se aplique esa norma también en mi caso porque es una injusticia no hacerlo por cuestión de días".

Esto mitigaría algo su situación, pero no mucho. Además de quedarse sin piso, le piden 104.000 euros aún de deuda "¡y 30.000 de ellos en costas!". Ha recurrido al juez para que reconsidere la situación y al Defensor del Pueblo español y al europeo.