De nada sirvieron 24 horas de locos, con negociaciones incluso de madrugada, con los sindicatos. Al final, a las 22.30 horas, el consejo de administración de Cajasur rechazaba su fusión con la malagueña Unicaja. Los 11 votos de los representantes del Cabildo cordobés (que controla y gestiona la entidad), de los impositores y del sindicato Aspromonte, pudieron más que los 8 votos y una abstención del resto de consejeros, incluidos los representantes de los partidos políticos. Al filo de las once de la noche, el vicepresidente de la entidad cordobesa, el socialista Salvador Blanco, lo explicaba con estas palabras: “Se ha aprobado acogerse al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y, por tanto, la intervención del Banco de España ocurrirá el lunes seguro. En estos momentos está reunido el Banco de España y estará tomando las decisiones” que corresponda.

A pesar de ello, a la misma hora, Unicaja emitió un comunicado anunciando que ellos sí que aprobaban el proyecto de fusión, condicionándolo a “la efectiva materialización e irreversibilidad de las ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos”. Pero nada decía en su comunicado de la negociación sobre un recorte de gastos de personal, considerado indispensable por Unicaja para aceptar la fusión y recibido con fuertes recelos desde el principio por Cajasur.

El pacto laboral que debería haberse sellado antes de que a media tarde se reuniesen los consejos de administración de cada caja era clave. El propio presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñan, lo había dejado bien claro por la mañana al decir que esperaba que se cerrara el acuerdo “de una vez, porque si no fuera así, el Banco de España intervendría”. Sin embargo, la amenaza no parece haber sido suficiente para vencer las resistencias al plan presentado por los gestores de Unicaja para conseguir un ahorro cercano a los 60 millones de euros.

En la última fase de las negociaciones el recorte de plantilla afectaría unos 430 empleados de Cajasur, por unos 220 de Unicaja. En principio se trataría de bajas incentivadas y prejubilaciones. Tras romperse las negociaciones, los representantes de CCOO (mayoritario en Unicaja) y UGT se apresuraron a culpar del fracaso a la intransigencia de Aspromonte, que debía aceptar la parte del león del ajuste laboral.

Aspromonte, por su parte, lo niega y asegura que fue la exigencia de CCOO y UGT de una mejora salarial lo que rompió las negociaciones.

Fuentes de Unicaja achacan a su vez dicha intransigencia al mal ejemplo de la intervención de la Caja de Castilla la mancha (CCM) por el Banco de España hace algo más de un año. El hecho de que no haya tenido consecuencias para sus empleados, que han esquivado los despidos e incluso han logrado un compromiso de estabilidad en caso de su fusión con Cajastur, habría llevado a los dirigentes de Aspromonte a la conclusión de que con la intervención del banco emisor les iría mejor que con la fusión. “Y, además, mientras, van pasando meses en los que siguen cobrando sus sueldos”, comentan dichas fuentes.