La crisis financiera y económica, que ya se prolonga durante tres años, ha puesto en serias dificultades a las entidades financieras españolas, pero algunas lo están pasando mucho peor porque su gestión de riesgos ha dejado mucho que desear. La CAM, a juzgar por el análisis de sus números que ayer se hizo público, fue más que laxa en la concesión de créditos y ha acabado por ser intervenida, lo que costará al Estado (es decir a todos los contribuyentes) varios miles de millones de euros, que de ninguna manera serán menos de 5.000 millones.

De partida, cuando la caja pasó a manos del Banco de España, tenía concedidos a sus consejeros, altos directivos y miembros de la Comisión de Control créditos por importe de 120 millones de euros, ni más ni menos. Y tampoco son un gran negocio para la entidad, aunque no debería ser excesivamente arriesgado, dado que los entregó a un tipo de interés de entre el 0,99% y el 7,95%.

Los consejeros pagan por los créditos entre el 1% y el 8% de interés

A este riesgo desmedido con un grupo tan pequeño de deudores, hay que añadir que cuando finalizó el año pasado (según la memoria de gobierno corporativo) tenía concedidos 505 millones al Gobierno de la Generalitat, de los que 200 millones los renegoció apenas tres días antes de ser intervenida. El Ejecutivo valenciano le rogó a la caja que le renovara una línea de pagarés porque tenía serias dificultades financieras, aseguraron a Público fuentes conocedoras de las negociaciones.

Pero quizá lo más preocupante y lo que demuestra lo desafortunada (como poco) que fue la política de concesión de riesgos de la caja es su exposición al riesgo inmobiliario. En total, la entidad tiene concedidos 14.501 millones de euros a las promotoras inmobiliarias, un riesgo muy elevado (el 29,2% del total) que se ha convertido en un auténtico agujero, ya que la morosidad en estos préstamos asciende a 5.784 millones, lo que supone una tasa de mora del 40%. Además, la financiación a las constructoras asciende a 2.509 millones, de los que 1.333 millones (el 53,1%) son de dudoso cobro.

La caja va a iniciar una agresiva campaña para captar nóminas

De todas esas cuantías, la exposición pura al sector inmobiliario asciende a 12.677 millones, de los que 7.771 millones son ya morosos o pronto lo serán (subestándar). Eso supone que el 61% de los créditos relacionados con el ladrillo son de elevado riesgo y pueden acabar por perderse.

Lo peor es que si la entidad no consigue cobrarlos, se quedará con unos activos que en su mayoría tienen muy difícil salida, ya que del total sólo 3.440 millones financian vivienda terminada. Del resto, una parte están avalados por suelo urbanizado (3.200 millones); edificios en construcción (1.654 millones) e inmuebles terminados que no son pisos (2.179 millones). Lo que más pérdidas puede costarle, en todo caso, son los 1.687 millones prestados para el ladrillo sin garantía hipotecaria y los 517 millones que financian terrenos no urbanizados, cuyo valor es cercano a cero.

Ahora que la caja está intervenida y gestionada por tres interventores nombrados por el Banco de España, se ha puesto como objetivo avanzar en la mejora de los procesos de control de riesgo y de recobro de la morosidad. También es consciente de la guerra que existe por los ahorros de los clientes y los administradores han dado la orden de lanzar una oferta comercial agresiva para mantener a la clientela, pese a recibir 2.800 millones en ayudas públicas que pueden hacer desleal esa competencia con el resto de entidades. Ofrece hasta un 5% en un depósito a 24 meses y hará una importante campaña de captación de nóminas.