Francisco Camps lanzó ayer dos mensajes: como presidente de la Generalitat mostró su decisión de resistir en el cargo y como imputado presentó un recurso judicial en el que se aferra a la versión de que paga su ropa en efectivo.

Francisco Camps se trasladó ayer hasta Madrid, donde se reunió con el ministro de Fomento, José Blanco, para llegar a acuerdos sobre infraestructuras. En la rueda de prensa posterior al encuentro, intentó evitar cualquier alusión a su futuro judicial. Lo que sí dejó claro es su confianza en que agotará la legislatura, que acaba en 2011.

La revelación del president sobre su futuro se produjo tras sortear dos preguntas sobre 'el listón' que se ha impuesto a la hora de permanecer en el cargo. A diferencia del tesorero del partido, Luis Bárcenas, que está dispuesto a apartarse en el supuesto de que el Supremo pida el suplicatorio para imputarlo, Camps prefirió no comprometerse. Lo hizo echando balones fuera. 'Para mí el listón de la Comunidad no tiene límite [...] soy un soñador de mi tierra y sueño con una comunidad de alta velocidad...'.

Simplemente hizo una mención a su futuro cuando un periodista le preguntó si podría inaugurar el AVE a Valencia, en 2010. Tras inquirir en plan bromista si la pregunta iba dirigida a él o al titular de Fomento, Camps recordó que no piensa adelantar las elecciones y que la legislatura termina en 2011, y que por tanto esperaba asistir a dicha inauguración. A su lado, Blanco intentó rebajar la tensión: 'Yo no sé si seguiré de ministro de Fomento, porque la decisión no depende de mí'.

Dado que son pocos en el partido los que creen que Camps podría mantenerse en el supuesto de sentarse en el banquillo, tras sus palabras se esconde la confianza en que la causa judicial no avance. Precisamente ayer, la defensa de Camps presentó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) centrado en que no ha podido probarse que no pagó los trajes. Mientras que varios dirigentes del PP dan por hecho que la ropa fue un regalo, la postura del president sigue inmóvil: los pagó en efectivo.

No obstante, el auto de la semana pasada ofrece un total de 11 indicios racionales por los que el juez cree que fue la trama Gürtel la que pagó los trajes, entre ellos la declaración del sastre, las hojas de encargo a la tienda y los recibos de pagos pendientes.

En este sentido, el letrado de Camps se acoge al artículo 87 del Código de Comercio de 1885 para justificar que 'las compras y ventas verificadas en establecimientos se presumirán siempre hechas al contado, salvo la prueba en contrario'. Además, la defensa de Camps cuestiona que sea aplicable en este caso el artículo 426 del Código Penal, que recoge el delito de cohecho de autoridad o funcionario público.

También han presentado recursos contra el auto los otros tres imputados del PP valenciano: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, decidirá a primera hora de hoy si imputa a los dirigentes de la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. De su decisión depende la celebración de la vista oral prevista para las 10.30 horas en el TSJCV. Si el magistrado los imputa, la vista habrá de retrasarse para que puedan acudir.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que, el 9 de julio, pidió que fueran investigados en la misma causa, ya que fueron ellos, según el propio auto del Tribunal, los que hicieron los regalos.

La comparecencia de hoy está prevista en la Ley del Jurado y servirá para que los imputados conozcan las acusaciones. Tanto la Fiscalía Anti-corrupción como el PSOE valenciano personado como acusación particular, concretarán sus peticiones. Los imputados ya han anunciado que no acudirán a la cita porque consideran que su derecho a la defensa está ya garantizado con la presencia de sus abogados.

Los socialistas valencianos solicitarán que se amplíe la lista de delitos por los que se imputa a Francisco Camps y al resto de acusados, además del que ya se investiga, el de cohecho pasivo impropio. Entre esos delitos podrían estar los de malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partidos y otros grados diferentes de cohecho.