Camps evita confirmar si se vio con el número dos del CGPJ

Da igual lo que la oposición pregunte. Porque, pleno tras pleno en el Parlamento autonómico, el Gobierno valenciano ha demostrado que no está dispuesto a dar explicaciones sobre los indicios que lo relacionan con la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón. Los partidos políticos piden al PP explicaciones concretas. Pero Francisco Camps y su equipo se limitan a responder con afirmaciones solemnes sobre la legalidad de su actuación.

Camps fue interrogado ayer sobre su reunión con Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y conseller de Justicia valenciano hasta hace cinco meses. El encuentro tuvo lugar el 20 de febrero, el mismo día en que De Rosa criticó duramente al juez Garzón, instructor de la causa en la que Camps podría estar implicado.

La diputada también preguntó por las ocho llamadas que Camps habría realizado a uno de los testigos del caso Gürtel

Mónica Oltra, portavoz del grupo Compromís, calificó el hecho de "degradante, vergonzoso y que liquida cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia". Oltra estaba parafraseando a Mariano Rajoy, presidente del PP, el día en que este criticó la cacería que compartieron el magistrado y Mariano Fernández Bermejo, ex ministro de Justicia, a quien el escándalo forzó a dimitir. La diputada también preguntó por las ocho llamadas que Camps habría realizado a uno de los testigos del caso Gürtel mientras éste declaraba ante el juez Garzón.

Ninguna explicación

Desde que se conoció la existencia de la reunión, Camps no ha contestado a ninguna pregunta sobre el asunto. Ayer no fue una excepción. El dirigente conservador se limitó a aclarar que él, como "demócrata liberal" sí cree en la independencia del poder judicial. Y reprochó a Oltra que intente "descalificar la gestión de este Gobierno con cuestiones que aparecen o desaparecen en los medios de comunicación". "Mi conciencia está tranquilísima", añadió.

Los argumentos son siempre los mismos y se repitieron ayer

Los argumentos son siempre los mismos y se repitieron ayer en la sesión de control al Gobierno. Los portavoces de la oposición insistieron en la necesidad de que la Generalitat entregue toda la documentación sobre los contratos adjudicados a las empresas investigadas. Una de ellas, Orange Market, ha recibido en los últimos seis años al menos 4,5 millones de euros de la Administración autonómica.

Desde la tribuna, Francisco Camps repitió ayer, por lo demás, la respuesta que sus consellers han dado en las últimas comparecencias: las cuentas de su Gobierno están suficientemente auditadas por el Tribunal de Cuentas. El presidente recordó que desde 1995 "en ninguno de los ejercicios fiscalizados se ha detectado situaciones en las que pueda suponerse que se ha incurrido en un supuesto de responsabilidad". No obstante, este organismo no revisa todos los contratos: sólo un porcentaje escogido al azar.

Una cita con consecuencias legales

La reunión entre Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex conseller valenciano de Justicia, y Francisco Camps, presidente de la Generalitat, podría tener consecuencias legales para el primero. El encuentro se produjo en un momento especialmente complicado. 24 horas antes, Camps había aparecido como posible implicado en la trama de corrupción que investiga Garzón. El mismo día de la reunión, De Rosa atacó al propio magistrado que instruye la causa acusándolo de estar "rozando" la prevaricación.

Como miembro del CGPJ, el antiguo conseller tiene prohibida cualquier labor de "asesoramiento jurídico, sea o no retribuido", según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, la conversación que mantuvieron el dirigente conservador y su ex colaborador podría tener consecuencias legales para De Rosa si se demuestra que éste asesoró a su antiguo jefe.

Hay un caso parecido: el de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que en 2008 asesoró telefónicamente a una abogada que estaba siendo investigada por asesinato. El Supremo la disculpó porque su consejo no había comprometido su imparcialidad. Para disculpar a De Rosa, sería necesario conocer de qué habló con Camps.