El Gobierno de Canarias solicitará al Estado que el archipiélago tenga un trato diferenciado en materia de financiación autonómica de acuerdo a sus especiales condiciones de insularidad, tal como establece el artículo 138 de la Constitución.

El Gobierno canario ha acordado hoy trasladar a la Administración central, con vistas al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra la semana que viene, un acuerdo en ese sentido adoptado por el Parlamento canario en octubre pasado tras una proposición no de ley del PP de Canarias, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy.

El derecho reconocido por la Constitución se deriva de la dispersión territorial canaria, que obliga a tener más servicios públicos que otras comunidades no insulares, ha dicho Marrero.

Canarias también solicita que, para determinar la financiación autonómica se tenga en cuenta el criterio de población actual y los incrementos reales frente a los que sirvieron de base cuando se estableció.

Asimismo se pide que aquellas leyes que fijan obligaciones para las comunidades autónomas establezcan una financiación especial y que en el caso de Canarias los fondos se incrementen.

El Gobierno canario exige también que se regule el Fondo de Cohesión Sanitaria para compensar el gasto derivado de la población flotante como consecuencia de la llegada de turistas al archipiélago.

El Gobierno de Canarias pide igualmente que el Estado abone a la Comunidad Autónoma el déficit sanitario acumulado entre 2002 y 2009, que asciende a 140 millones de euros, y que lo haga en diez anualidades.

También demanda que la reforma del nuevo sistema permita que Canarias se sitúe en la media estatal de financiación por habitante y se compensen los alrededor de 600 millones de euros anuales que deja de percibir.

El Gobierno canario exige asimismo que se cumpla el Plan Canarias y se consigne un volumen adicional de fondos de al menos 1.000 millones de euros en los Presupuestos de los próximos años.

También se solicita que las inversiones estatales en Canarias no sean inferiores a la media estatal, tal como establece el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Además, se recoge otro acuerdo del Parlamento de Canarias relativo a las consecuencias de la crisis volcánica en El Hierro por el que se pide que el Estado abone el Impuesto de Sociedades de las empresas afectadas por el riesgo y se les exima del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante los meses en los que su actividad está afectada.

También se pide que se bonifique en el IRPF a las familias evacuadas por riego volcánico, que se reactive la economía en El Hierro con una línea de crédito especial a determinados sectores afectados y que se exima del pago del IBI a las familias de La Restinga desalojadas y el Estado compense por la reducción de impuestos al municipio de El Pinar.