La Casa Blanca guarda silencio ante la filtración de documentos de Wikileaks sobre la guerra de Irak en medio de llamamientos internacionales para que EE.UU. diga por qué hizo la vista gorda ante las torturas sistemáticas en el país.

La organización divulgó el viernes los informes de campo redactados por soldados estadounidenses entre 2004 y 2009.

Los medios que tuvieron acceso por adelantado a los 391.000 documentos (The Guardian, New York Times, Al-Jazeera, Der Spiegel y Le Monde) concluyeron que EE.UU. ignoró la mayoría de denuncias de torturas, abusos, e incluso de posible asesinato, de cientos de prisioneros por parte de fuerzas iraquíes.

Los tribunales iraquíes se basan en las confesiones para realizar condenas lo que ha llevado a frecuentes acusaciones de tortura.

El diario The New York Times señaló que el ignorar la mayoría de los casos de abusos equivale a "indiferencia institucional".

El Times mencionó que la situación es particularmente significativa dado que el plan de retirada de las tropas estadounidenses de Irak se asentó en el traspaso de las funciones de seguridad a la policía y el Ejército local iraquíes.

El relator especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, y la organización de derechos humanos Amnistía Internacional instaron hoy al presidente de EE.UU., Barack Obama, a abrir una investigación sobre la participación de fuerzas estadounidenses en abusos de los derechos humanos en Irak.

Nowak dijo a la BBC que EE.UU. tiene la obligación moral y legal de investigar los casos creíbles de complicidad de soldados estadounidenses en torturas.

El relator de la ONU insistió en que, de ser auténticos, los documentos reflejan claras violaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura.

"Según la convención, existe la obligación por parte de los Estados de criminalizar cualquier forma de tortura (...) y por supuesto la de investigar cualquier caso, llevar a los culpables ante la justicia y también ofrecer a las víctimas el derecho a una adecuada compensación", dijo Nowak.

Amnistía Internacional indicó en un comunicado que, al igual que el resto de Gobiernos, EE.UU. "tiene la obligación bajo el derecho internacional de asegurar que sus fuerzas no usan la tortura y que las personas detenidas por fuerzas estadounidenses no son entregadas a autoridades que puedan torturarlas".

Malcolm Smart, director de Amnistía para Oriente Medio, insistió en que EE.UU. incumplió con esa obligación en Irak a pesar del "gran volumen de pruebas" de que la tortura está extendida en el país.

Desde Londres el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirmó que los documentos muestran "la verdad" sobre la guerra de Irak.

"Esperamos corregir parte del ataque a la verdad que ocurrió antes de la guerra, durante la guerra y que ha continuado desde que esta terminó oficialmente" a finales de agosto con el fin de las operaciones de combate de EE.UU. en ese país, afirmó Assange.

Los informes también provocaron la reacción del Gobierno iraquí que prometió investigar las alegaciones de abusos.

"El Gobierno no mostrará indulgencia cuando lo que está en juego es el derecho de sus ciudadanos", afirmó la oficina del primer ministro en funciones iraquí Nuri al-Maliki en un comunicado.

La oficina del primer ministro, que lucha por mantenerse en el poder después de que las elecciones del pasado 7 de marzo no arrojaron un claro ganador, afirmó también que la difusión de documentos atenta contra su reelección.

"Hay objetivos políticos detrás de esta campaña mediática y algunos buscan utilizar estos documentos contra los dirigentes nacionales sobre todo el primer ministro", dice el comunicado.

La Casa Blanca, mientras tanto, guarda silencio ante la filtración, condenada ayer por el Pentágono, que señaló que "no hay nada que pueda indicar la existencia de crímenes de guerra" pero sí aparecen "300 nombres de iraquíes en posible peligro" por lo que "el país es más vulnerable ahora".

Previamente, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, había condenado "en los términos más claros posibles" cualquier filtración de documentos que "pongan en peligro vidas estadounidenses o de sus aliados".

En la misma línea el Gobierno británico condenó ayer la difusión de los documentos que, dijo, "puede representar un riesgo para la vida de las tropas".

Los documentos recién divulgados revelan también la muerte de 15.000 civiles de la que no se había informado hasta ahora.