'Caso Gürtel', una 'correa' de corrupción política

La decisión del juez Pablo Ruz de enviar a juicio la "primera época" del caso Gürtel, que va desde 1999 a 2005, pone fin a una parte de la instrucción que se inició hace cinco años y cinco meses y que sentará en el banquillo a 45 del centenar de imputados en esta trama de corrupción en el entorno del PP.

Con el cierre de esta pieza separada, que no es la causa principal, Ruz pone fin a la investigación de los seis primeros años de actuación de la trama y sentará en el banquillo a, entre otros, los ex tesoreros populares Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; a los ex alcaldes del PP Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y al líder de la trama, Francisco Correa.

El caso Gürtel (correa en alemán, en alusión al cerebro de la banda) comenzó a instruirse en febrero de 2009 de la mano del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, un caso que le costó un año después su carrera en la judicatura al ser inhabilitado durante 11 años por el Supremo por las escuchas que permitió de las conversaciones entre los imputados y sus abogados cuando se encontraban en prisión.

Poco antes, el caso Gürtel, que acumula ya más de 100 imputados, se llevó también por delante de forma indirecta al que fuera ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por su participación, sin la debida licencia, en una cacería a la que también asistió Garzón tras haber ordenado el ingreso en prisión provisional del principal cabecilla de la trama, Francisco Correa, quien permaneció tres años en la cárcel.

Cambio de tribunales

Un mes después de que Garzón comenzara a instruir este caso, lo tuvo que remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al hallar indicios de delito contra los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamin Martín Vasco, que entonces abandonaron el grupo parlamentario popular en la Asamblea, aunque conservaron su escaño.

El 30 de julio de 2009, el instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la parte de la causa en la que se investigaba la entrega de regalos por parte de miembros de la trama a altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos su presidente, Francisco Camps.

El caso Gürtel también ha pasado por el Tribunal Supremo, que el 24 de junio de 2009 se declaró competente para investigar a los entonces parlamentarios del PP Luis Bárcenas (senador) y Jesús Merino (diputado), y el 18 de mayo de 2010 devolvió la causa al TSJM al haber renunciado éstos a su escaño.

Este cambio de tribunal no le pudo ir mejor a Bárcenas que, junto a su mujer, Rosalía Iglesias, quedó fuera de la causa al entender el juez Pedreira que no había pruebas contra el matrimonio.

Sin embargo, el 8 de junio de 2010, el TSJM remitía de nuevo la causa a la Audiencia Nacional una vez que los tres diputados a la Asamblea de Madrid que figuraban como imputados en la causa —López Viejo, Bosch y Martín Vasco— renunciaron a su escaño poco antes de celebrarse las últimas elecciones autonómicas el 22 de mayo.

Entretanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana culminaba la celebración del primer juicio del caso Gürtel, conocido como el de "los trajes", en el que un jurado popular declaró no culpables a Francisco Camps, y al ex secretario regional del PP Ricardo Costa.

Los otros dos acusados en esta causa —el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret— reconocieron que aceptaron "dádivas" de la trama para no sentarse en el banquillo y fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros por cohecho pasivo impropio.

Nueva imputación de Bárcenas

Una vez en manos del juez Pablo Ruz, la situación procesal de Bárcenas daba un vuelco el 15 de marzo de 2012 al anular la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el archivo de la causa con respecto al ex tesorero, que a partir de ese momento volvía a estar imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Al día siguiente de ser imputado de nuevo, Ruz reactivó la comisión rogatoria solicitada a las autoridades suizas para la búsqueda de cuentas bancarias del ex tesorero que fue cursada por Garzón en 2009 y cuya respuesta se encontraba en suspenso al haber sacado Pedreira de la causa a Bárcenas.

Se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar dinero no declarado

Cuando en enero de 2013 se conoció el resultado de esa comisión rogatoria saltó el escándalo. El ex tesorero había llegado a acumular 22 millones de euros en distintas cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel.

Días después de esta revelación, el 30 de enero, Bárcenas presentaba a Ruz los documentos que probaban que se acogió, a través de su sociedad Tesedul, a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, para regularizar en 2012, ante Hacienda, casi 11 millones de euros que no había declarado en su día.

Los 'papeles' del ex tesorero

Al día siguiente, El País publicaba los llamados papeles de Bárcenas, fotocopias de la supuesta contabilidad B del PP. En ese momento, el ex tesorero negó que él fuera el autor de esa filtración y negó incluso que hubieran sido escritos de su puño y letra.

Tras una pugna con su compañero Javier Gómez-Bermúdez, Ruz se hizo cargo de investigar la veracidad de esos papeles y los incluyó en una pieza separada del caso Gürtel.

Bárcenas prosiguió mientras tanto como si nada con su vida de viajes de esquí y de comidas en restaurantes de lujo hasta que el 14 de junio, Suiza revelaba que en otro banco, el Lombard Odier, el tesorero llegó a tener 26 millones de euros, lo que elevaba su botín a los 48,2 millones. Este nuevo dato, hacía mayor el escándalo y complicaba aún más a Bárcenas justificar ante Ruz el origen de tamaña fortuna.

El 27 de junio de 2013, tras comprobar la falsedad de los contratos de compra-venta de obras de arte que aportó para justificar parte de sus ingresos, el juez volvió a llamarle a declarar y finalmente le envió a prisión ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y ante los indicios de que mantuviera ocultas otras cuentas bancarias en lugares como Bahamas.

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