Más de tres años después de que estallara el caso Gürtel, y tras pasar por distintos tribunales, la causa que investiga la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa y ligada a cargos del PP continúa abierta en la Audiencia Nacional con casi 100 imputados, todos ellos en libertad.

El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha depositado ya la fianza de 200.000 euros que le impuso el juez Pablo Ruz para abandonar la prisión.

Fue en agosto de 2008 cuando en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, entonces ocupado por Baltasar Garzón, comenzó a instruirse este sumario tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, aunque las primeras detenciones no se practicaron hasta febrero de 2009, entre ellas la de Correa.

El presunto cabecilla de la trama era el único imputado del centenar que hay en la causa -que llegó a tener 117- que seguía preso después de que el pasado 1 de febrero su número dos, el exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, saliera de la misma cárcel -la de Soto del Real (Madrid)-, que hoy abandonará Correa.

La telaraña tejida por Correa para conseguir el favor de los políticos del PP se extiende por cuatro comunidades -Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León-, lo que ha hecho que el periplo judicial de la causa haya pasado por los Tribunales Superiores de Justicia madrileño y valenciano, así como por el Tribunal Supremo.

Todos ellos han investigado la supuesta concesión irregular de contratos por parte de Ayuntamientos gobernados por el PP a las empresas de la trama de Correa a cambio de favores y regalos, además de la evasión y blanqueo de capitales por parte de las sociedades que formaban el entramado.

Garzón se inhibió a favor de los tribunales autonómicos al apreciar indicios de delito contra diputados de Madrid -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- y de Valencia -Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret-.

También encontró indicios contra los entonces tesorero y senador del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, por lo que la causa pasó a ser investigada en el Tribunal Supremo (TS) como consecuencia de sus aforamientos.

La renuncia de Bárcenas y Merino a sus actas de senador y diputado determinó que la investigación respecto a ellos recayera de nuevo en el TSJM, que la archivó en septiembre del año pasado.

Tras aceptar la inhibición de Garzón, el instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, imputó a 71 personas, entre las que figuraban, además de los tres diputados autonómicos, cuatro exalcaldes del PP, y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesías.

Una vez que López Viejo, Martín Vasco y Bosch perdieron su fuero, Pedreira devolvió el caso a la Audiencia Nacional el pasado 20 de diciembre cuando el TSJM envió en un camión de mudanzas las 129 cajas que contienen los 671 tomos del sumario.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz -que ahora ocupa temporalmente el juzgado de Garzón- reabrió el caso Gürtel respecto a Bárcenas, Merino y el exconcejal "popular" en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote el pasado 15 de marzo, y un mes después imputó de nuevo a la mujer del extesorero del PP, contra la que Pedreira había archivado la causa.

Por su parte, el TSJCV asumió la parte del sumario que afectaba a Camps, Costa, Campos y Betoret, que culminó en la celebración del primer juicio del caso Gürtel en el que un jurado popular declaró no culpables a los dos primeros, ya que los otros dos habían reconocido que aceptaron "dádivas" de la trama para no sentarse en el banquillo.

No obstante, el tribunal valenciano sigue investigando un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market, una de las empresas vinculadas a la red corrupta.

Precisamente, el juez Ruz investiga en una pieza separada la adjudicación de contratos de la Radiotelevisión valenciana (RTVV) a empresas de la trama por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.

Entre los imputados en esta causa figura el exdirector del ente, Pedro García Gimeno, el exsubdirector económico financiero Ricardo Calatayud, y a los cabecillas de la trama.

El caso tuvo aún otra ramificación en el TSJ de Castilla y León por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (Léon), aunque se archivó parcialmente el pasado mes de abril.