Un tijeretazo drástico a la reposición de funcionarios, planes para erradicar el absentismo laboral, aplazamiento de la inauguración de centros hospitalarios, revisión en función de la renta de las ayudas por maternidad, reducción de empresas públicas... No son medidas potenciales, sino recortes concretos que figuran en los planes de reequilibrio del gasto de las autonomías aprobados el pasado lunes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ajuste de cinturón va a ser duro y variado, intentando no tocar el gasto social. Las nueve autonomías que han presentado de momento su plan (aún faltan cinco) se han comprometido con el Gobierno central a recortar en 1.975 millones de euros adicionales su gasto respecto a lo que habían presupuestado para 2010, que ya suponía un recorte de 5.047 millones respecto al gasto de 2009. Pero no todas tendrán que afilar el lápiz en la misma medida, entre otras cosas porque no todas han tenido que revisar de igual forma su previsión de ingresos, sobredimensionados en casi todos los casos. Castilla-La Mancha, con un recorte previsto de 415 millones, es una de las más afectadas en términos absolutos, según los datos recopilados por Público.

La reducción del gasto castellano-manchego procederá de los gastos corrientes de la Administración, que bajarán un 10%, lo que supondrá un ahorro de 100 millones, y de gastos de personal, con la reposición de solo el 10% de las vacantes, en línea con lo establecido por el Gobierno central, lo que restará otros 15 millones. Pero será necesaria además una 'reorganización del sector público en general, la reducción de las empresas públicas y el establecimiento de límites a subvenciones y ayudas, que habían tomado la inercia de aumentar año tras año', según fuentes del Gobierno regional. Asímismo, habrá que retrasar 'dos o tres años las inversiones en centros de salud'.

Extremadura es otra de las autonomías que va a acometer un importante recorte, cercano a los 200 millones. Fuentes de la consejería de Administración Pública y Hacienda comentaron que se van a dejar sin disponibilidad 40 millones del presupuesto actual. Además, se va a eliminar la partida destinada a inversiones productivas, que permite a las autonomías incrementar en 0,25 puntos el déficit máximo permitido, que es del 2,5% sobre el PIB. Ninguna consejería debe superar el 95% de la ejecución presupuestaria prevista, democratizando así el recorte.

Lejos de esas cifras está Murcia, que rondará los 100 millones de euros de recorte o Cantabria, que se ha comprometido a reducir entre 20 y 40 millones su gasto. Entre las autonomías que no tienen que ajustar su presupuesto se incluyen Navarra o Aragón. Siguen negociando con el Gobierno Catalunya, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares.