El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha echado este sábado más leña al fuego de las críticas del Gobierno a la Audiencia Nacional y ha confiado en que el Tribunal Supremo establezca una doctrina que se oponga al descuento de penas por sentencias dictadas en otros países, como se aplicó al histórico dirigente de ETA Santiago Arrospide, Santi Potros.

Catalá ha defendido un criterio jurídico contrario al que aplicó la sección primera de la Audiencia Nacional para excarcelar a Arrospide, ante un auditorio integrado por víctimas del terrorismo, incluidos afectados por el atentado de Hipercor, del que se considera autor intelectual a Santi Potros.

Las excarcelaciones se realizaron en aplicación de la decisión marco que el Consejo de Europa aprobó en 2008 para que se acumularan las condenas cumplidas en países de la Unión Europea y que es vinculante para todos los estados miembros.

Es más, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abordó en su reunión del viernes las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a esta decisión judicial y varios de sus miembros expresaron su inquietud ante sus declaraciones.

En concreto, Saénz de Santamaría acusó a la sección orimera de la Audiencia Nacional de haber actuado siguiendo un "criterio incompresible". "Nos produce desazón", "sencillamente esto no se puede hacer como se ha hecho" o este criterio "no cabe en la ley", fueron algunas de las palabras empleadas por la vicepresidenta para referirse a la cuestión.

Por su parte la asociación progresista Jueces para la Democracia denunció el pasado miércoles la "dureza" de estos ataques de la vicepresidenta y el uso partidista del dolor de las víctimas, al tiempo que lamentó que no haya salido en la defensa de los jueces el órgano creado por la Constitución para proteger la independencia judicial frente a las presiones políticas o económicas.

Este órgano es el Consejo General del Poder Judicial, cuya minoría progresista ha denunciado la pasividad de la institución para amparar a la sección primera de la Audiencia Nacional frente a la presión política. Su presiente, Carlos Lesmes, ha optado por aplazar cualquier debate hasta que el Supremo se pronuncie para no perturbar sus deliberaciones, según se aclaró.

Quien no ha tenido inconveniente en perturbar las deliberaciones del Tribunal Supremo ha sido el propio ministro de Justicia. Catalá ha indicado este sábado que la reforma legal que se hizo para transponer la decisión marco de la UE en esta materia "garantiza que no se lleven a cabo descuentos de cumplimientos de condena como consecuencia de otras sentencias dictadas en la Unión Europea".

Por este motivo, espera que la Sala Segunda del Tribunal Supremo "valide" el martes esta legislación y se decante por la interpretación que hizo la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que, a diferencia de lo ocurrido con Arrospide, rechazó la excarcelación de un miembro de ETA al no descontarle la condena cumplida en Francia, según ha declarado a los periodistas a la salida del acto organizado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, al que ha acudido el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Covite ha entregado hoy en San Sebastián su premio anual, que ha recaído en esta XIII edición en la coordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Presidencia de la Audiencia Nacional, María del Carmen Alba.

En el acto, Covite ha defendido la necesidad de que la Administración de Justicia "construya un relato digno" mediante la investigación de los asesinatos de ETA no resueltos, hayan prescritos o no, y que cifra en más de 300. También ha pedido al ministro velar por el esclarecimiento de los crímenes de los GAL.

Covite ha denunciado que el derecho a la verdad no está presente en la agenda pública con la fuerza necesaria, según ha destacado su presidenta, Consuelo Ordóñez, para quien "relato y dignidad" son cuestiones inherentes al concepto de Justicia, porque "cuando nuestros hijos quieran contar a los suyos qué es ETA, ¿podrán hacerlo?". De ahí que haya puesto el énfasis en que las instituciones necesitan estadísticas para las nuevas generaciones y no para las campañas electorales.