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Catalunya pagará por ley la apertura de sus fosas

El Parlament aprueba el miércoles la norma que obliga a la Generalitat a exhumar las sepulturas por mandato de familiares de desaparecidos. En esta comunidad hay 179 tumbas localizadas

ALBERT MARTÍN VIDAL

Filipinas, Perú, El Salvador, Suráfrica, Etiopía, México, Colombia, Rumanía o Chipre son algunos de los países donde las exhumaciones de fosas comunes se han podido desarrollar gracias a la iniciativa y financiación de sus gobiernos.

Mientras España se resiste a entrar en esta lista, Catalunya tiene previsto aprobar este miércoles su Ley de Fosas, que obligará a la Generalitat a gestionar y financiar la apertura de fosas.

La ley, que se ha venido ultimando desde la primavera de 2008, está pendiente sólo de ser ratificada por los votos del Parlament. Cuando eso ocurra, los familiares de desaparecidos y las asociaciones de recuperación de la memoria histórica podrán solicitar a la Administración la exhumación de las sepulturas.

La Generalitat inició en 2003 la elaboración del mapa de fosas de Catalunya, que fue presentado el año pasado con 179 enclaves documentados o probables y a los que próximamente se añadirán medio centenar más.

La ley detalla que la apertura se efectuará siempre y cuando existan indicios documentales de que una determinada persona está en una fosa. "Es evidente que muchas personas no saben dónde murieron o fueron enterrados sus antepasados; prevemos que en la inmensa mayoría de casos sólo procederemos a señalar y dignificar las fosas", explican fuentes de Interior. Este trabajo pasa por la colocación de una placa conmemorativa y por el acondicionamiento del entorno de las sepulturas, mediante trabajos que a menudo conllevan la nivelación y desbroce del terreno.

Pero cuando esté acreditado que una persona desaparecida puede estar en una de estas fosas comunes, se aplicará una normativa cuyo objetivo último es la identificación y recuperación de los restos mortales de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Joan Saura, conseller de Interior, ha manifestado que con esta ley, "largamente esperada", se reconoce "el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad de los hechos y circunstancias en que tuvieron lugar las desapariciones y violaciones de los derechos humanos durante el franquismo". Saura ha reiterado, pese a la oposición del PP a la nueva disposición, que esta ley incumbe a "todas las víctimas", independientemente de su ideología o del bando en que combatieran.

La ley llega cuando en España colea la polémica entre autonomías y Administración central por el cumplimiento de la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica. El Gobierno se ha dirigido a las comunidades para que pongan en marcha el protocolo de exhumaciones, pero sólo Euskadi y Canarias se han mostrado dispuestas, mientras que el resto han manifestado que la apertura de fosas y su financiación son competencias del Estado. La Generalitat ya ha calculado que el precio medio de estas exhumaciones rondará los 40.000 euros.

Las comunidades donde gobierna el PP ni siquiera se han mostrado dispuestas a elaborar un mapa de fosas, por lo que el Gobierno ha pedido colaboración a las asociaciones.

La ley prevé que se aplique un protocolo donde colaborarán antropólogos, arqueólogos y arqueólogos forenses. La Generalitat ya realizó una prueba piloto en la fosa de Gurb que se saldó con la identificación de cuatro de los 13 soldados enterrados.

Dicho protocolo consta de una fase previa de documentación, otra de excavación que incluye las pruebas de ADN y un informe final con el dictamen forense y el inventario de objetos encontrados. En este primer caso, se comprobó que los soldados habían muerto por arma de fuego y se encontraron botas, cucharas y una botella de cristal con un mensaje en su interior que detallaba cómo se llevó a cabo el entierro.

En Catalunya se distinguen seis tipos de fosas las de soldados muertos en el frente, las de los hospitales militares, las de los civiles represaliados por el ejército franquista, las que se originaron por la represión republicana, las de los campos de trabajo republicanos y las existentes en los cementerios de las capitales catalanas,aunque resulta imposible calcular cuántos desaparecidos contienen. Su identidad y las trágicas circunstancias de su muerte estarán esta semana más cerca de ser aclaradas.