El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de EEUU, el demócrata John Conyers Jr., ha emitido un comunicado en el que aplaude la querella criminal presentada en España contra seis colaboradores de George W. Bush por las torturas practicadas en Guantánamo . La iniciativa judicial, adelantada por Público, ha desencadenado una tormenta política en EEUU ante la insólita posibilidad de que un órgano judicial extranjero impute a ex altos cargos de la Administración estadounidense.

Conyers Jr., congresista por Michigan, es uno de los dirigentes demócratas que presionan para investigar las posibles responsabilidades penales de la Administración de Bush. Tras la renovación de la Cámara de Representantes de 2006, fue promovido a la presidencia de la Comisión de Justicia, un puesto institucional que va más allá de su afiliación demócrata.

'Teniendo en cuenta nuestras obligaciones con la Convención contra la Tortura de 1984, entiendo el paso dado por un jurista serio y respetado', sostiene Conley Jr. en su comunicado, en referencia al juez Baltasar Garzón. La querella todavía no ha sido admitida formalmente a trámite, pero ya ha tenido efectos jurídicos: el juez ha emitido una providencia instando a la Fiscalía a pronunciarse.

En su comunicado, que coincidió con la presentación de un informe dirigido por el propio congresista sobre los atropellos legales de Bush, recalca que espera que la iniciativa española espolee a Washington a investigar a la Administración de Bush, de forma que al final sea innecesaria. 'En definitiva, sin embargo, es la obligación de América [por EEUU] vigilar su propio cumplimiento de las leyes estadounidenses e internacionales'.

La iniciativa española ha provocado un vibrante debate en EEUU en el que participan los grandes medios, desde The New York Times hasta The Wall Street Journal, pasando por la revista Time y muchos otros.

Los sectores más próximos a Bush consideran que la querella es un 'insulto'. En el otro lado del abanico político, el Centro para los Derechos Constitucionales, un combativo think tank que pretende sentar ante la justicia a Bush y todos sus colaboradores, ha expresado entusiasmo: 'El mundo se está volviendo pequeño para los conspiradores de la tortura', asegura su presidente, Michael Ratner. 'La investigación española es un mensaje a la Administración de Obama de que no puede evadir más la cuestión de la responsabilidad de quienes implementaron una política de tortura', añade Vincent Warren, director ejecutivo de la organización.

El único de los seis querellados que se ha explayado en los medios es Douglas Feith, ex subsecretario de Defensa. Feith ha declinado hablar con Público, pero ha dejado clara su postura en medios afines: dijo a Fox News que la iniciativa es 'vergonzosa' y que 'pretende intimidar a EEUU'. Y ayer, en un largo artículo en The Wall Street Journal, la consideró 'un insulto nacional'. 

El presentador estrella de Fox News, Bill O’Reilly, ha amagado con impulsar un boicot contra España si se admite a trámite la querella, como hizo con Francia durante la guerra de Irak. Fox News es la cadena de cable con más audiencia de EEUU y pertenece a NewsCorp, grupo del que es consejero José María Aznar.

’Reilly dijo que teme que el caso prospere porque Zapatero es socialista y reprochó al embajador español, Jorge Dezcállar, que no se mueva con celeridad para impedirlo.