La causa inconclusa del juez Garzón

Especial 'Memoria Pública'

"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil. La acción de la Justicia se produce con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase".

Así comenzaba el auto de octubre de 2008 con el que el juez Baltasar Garzón se declaraba competente para investigar los crímenes del franquismo. El magistrado buscaba justicia para todas las víctimas, pero "un examen imparcial y sereno de los hechos" le conducía a considerar que "los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora".

"No aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado", explicaba en el auto.

Pero Garzón no tardó en tirar la toalla: apenas un mes después, remitió la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas, aunque ratificaba la necesidad de seguir investigando "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión y efectos jurídicos son actuales".

Hay que seguir investigando "al tratarse de delitos permantentes"El juez propuso crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos" y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.

A pesar de haberse inhibido, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró que no era competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y, unos meses después, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que acusaba a Garzón de prevaricación.

La Fiscalía pidió reiteradamente al magistrado del Supremo Luciano Varela que archivase la querella contra Garzón, a la que se unieron Falange Española y de las JONS, que fue expulsada del procedimiento por no subsanar los errores en su escrito de acusación, y la asociación Libertad e Identidad, también ultraderechista.

Se propuso "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos"

Varela ordenó la apertura del juicio oral, para alborozo de los demandantes vencedores, y el CGPJ decidió suspender de forma cautelar a Garzón el 14 de mayo de 2010, justo cuando había anunciado su marcha a La Haya como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El magistrado abandonó la Audiencia entre lágrimas y gritos de respaldo de la gente que ya antes había tomado la calle para reclamar justicia: para Garzón y para las víctimas del franquismo.

Más de un año después, el juez sigue esperando la fecha del juicio. Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados, los crímenes seguirán impunes y las víctimas sin nombre olvidadas en las fosas comunes.