Entre la cautela, por si son intervenidas, y el compromiso de cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Gobierno para este año, el 1,5 % del PIB, las comunidades ultiman sus planes de ajuste, ya que mañana, lunes, es la fecha límite para su entrega en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tanto su titular, Cristóbal Montoro, como otros miembros del Gobierno, han advertido de que si alguna autonomía incumple con sus obligaciones financieras se puede llegar a la intervención, como prevé la ley de Estabilidad Presupuestaria.

Además, han precisado que el Ejecutivo no dejará que haya quiebras en las administraciones locales y autonómicas, porque "no es posible, ni admisible" y el Estado "somos todos".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha defendido esta semana la necesidad de ejercer políticas de austeridad y las reformas para crecer en el futuro, y ha instado a las comunidades y, en concreto, a la Generalitat de Cataluña, a hacer "política con mayúsculas" en un momento "muy difícil".

Los planes de ajuste implicarán un ahorro total de 10.000 millones de euros, a los que deberán añadir otros 10.000 millones que se van a recortar en sanidad (7.000) y educación (3.000).

Desde el Ministerio han declinado informar sobre el envío de esta documentación hasta que no termine el proceso, mañana lunes, 30 de abril, y han precisado que la documentación llega por administración electrónica y es recibida por el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Osorio.

Los planes serán debatidos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará a mediados de mayo.

Según distintas fuentes, seis planes han sido devueltos. En el caso de Cataluña y Andalucía, por incluir ingresos procedentes del Gobierno central que, de momento, no prevé abonar, y en el de Madrid, Hacienda ha encontrado "leves observaciones" a sus cuentas.

La Generalitat de Cataluña amenaza con seguir incluyendo los 219 millones de euros que dice le adeuda el Gobierno central en cumplimiento de la liquidación de 2009 de la disposición adicional tercera del Estatuto, y que no están incluidos en los Presupuestos estatales de 2012.

Están comprometidos en cumplir el objetivo de déficit, aunque no aclaran cómo piensan ajustar sus cuentas para hacerlo, ya que se cerró 2011 con un déficit del 3,72 del PIB.

La Generalitat ha dicho que de los 10.000 millones que el Gobierno central exige a las comunidades de reducción en sanidad y educación, a Cataluña le corresponderían 1.500, pero que, como máximo, con las medidas ya adoptadas podrá recortar 150 millones, 118 en sanidad.

La Junta de Andalucía aún no ha presentado las cuentas, pero ya ha hecho una retención de crédito de 2.696,8 millones de euros del ejercicio 2012 debido a la reducción de las transferencias estatales.

Mantiene el objetivo de déficit previsto por el Gobierno y las prioridades de gasto social, aunque de la no disponibilidad acordada y su reparto en las distintas políticas se concretará una vez se constituya el nuevo Ejecutivo andaluz.

Muchos Gobiernos autonómicos no desvelan sus cuentas, ya que están ultimando sus planes, como los de La Rioja o Galicia, y de otros se conocen algunas decisiones que van tomando, como la de la Generalitat Valenciana, que ha admitido que la reconversión del sector público afectará a más de 5.000 empleados.

La Junta de Castilla y León reconoce que su plan contiene medidas que afectarán a la educación y la sanidad, y el de Murcia ha aprobado un reequilibrio en sus cuentas por un importe de 623 millones de euros, de los que 219 proceden de la obtención de nuevos ingresos por vía impositiva y venta de inmuebles y 404 de recorte del gasto.

El Gobierno vasco asegura que, a primeros de mes, ha presentado el plan, y que el Ejecutivo central ya le ha enviado la comunicación de que todo está correcto y que no tienen que hacer cambios.

Navarra también lo ha remitido y Hacienda, "de momento", no les ha pedido modificaciones.

El Ejecutivo canario dice que ha presentado un primer borrador del plan, pero está convencido de que tendrá que hacer algún cambio porque recibirán menos ingresos estatales de los que preveían.

Calcula ese recorte en 800 millones de euros y este es el motivo por el que tendrán que subir los impuestos y crear nuevas tasas, así como un plan de reordenación de la Administración, que incluye una reducción del 5 por ciento en el sueldo de los empleados públicos.

Aragón presentó un primer Plan el pasado mes de febrero con los datos referentes a la financiación autonómica y liquidación de 2011 suministrados en situación de prórroga presupuestaria, que ahora está reformando para enviar un texto definitivo para su aprobación.

El Gobierno aragonés está "seguro no, segurísimo" de que se aprobará "sin ningún tipo de problema".

El de Baleares dice que aún no ha presentado las nuevas cuentas y reconoce que tendrá que introducir modificaciones en educación y sanidad.

Inmaculada López Varona