Los responsables de CCOO de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana han exigido al Gobierno central que se centre en vigilar el fraude fiscal y renuncie a su plan de ajuste, del que han criticado que, una semana después, aún no esté concretado en papel.

Los secretarios generales de CCOO en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, Carles Gallego, Paco Molina y Katiana Vicens, respectivamente, han comparecido hoy en rueda de prensa en Palma para insistir en que el plan "antidéficit" del Gobierno es "inútil e injusto" y no sacará al país de la crisis sino que la prolongará.

"No solo no estamos de acuerdo con el plan de ajuste sino que lo rechazamos radicalmente", ha recalcado Carles Gallego.

Los sindicalistas han subrayado que este plan está abocado al fracaso porque grava a una sola parte de la sociedad "la más débil" y penaliza a los servicios públicos que garantizan "la cohesión social", por lo que, de no retirarse "esto podría acabar en una huelga general, no solo sectorial de los empleados públicos".

Los representantes de CCOO en estas tres comunidades autónomas mediterráneas han defendido que la respuesta a esta situación que atraviesa el país ha de ser "organizada" y "en positivo", creando empleo, potenciando inversión pública y garantizando la protección social.

Sus propuestas "en positivo" van encaminadas a una actuación sobre los ingresos y no sobre los gastos y enfocadas hacia "una inevitable reforma fiscal", con nuevo impuestos y la recuperación de otros que se fueron eliminando en épocas de bonanza económica como, los de patrimonio y los de las rentas más poderosas.

Estas medidas, según ha detallado el responsable de CCOO en la Comunidad Valenciana, Paco Molina, son rápidas: "la lucha contra el fraude es inmediata, es más recaudación y más posibilidades", ha recalcado.

La actuación defendida desde CCOO hace referencia a una subida de impuestos a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y pasar del actual 1% al 5% y a trabajar desde el IRPF en sus marginales más altos: pasar del 43% al 50% y esto supondría una recaudación aproximada de 1.300 millones de euros.

"Es un camino que hay que comenzar ya, que se ha de recorrer", ha declarado el representante valenciano, quien ha abogado también por subir el impuesto de sociedades: si se subiera cinco puntos a las 14 empresas que tienen facturación superior a mil millones de euros en España se obtendrían 2.500 millones de euros de recaudación.

Carles Gallego ha criticado que, en lugar de dar prioridad a estas medidas, el Gobierno se haya centrado en la lucha contra el déficit con un plan en el que busca "desprestigiar a los servicios públicos" y "la confrontación entre los trabajadores públicos, privados, fijos, temporales, autóctonos e inmigrantes".

El responsable catalán ha reconocido que el déficit español es alto y supera la media europea pero ha recordado que en otros parámetros el país no llega ni a la media de la UE, como es el caso de la presión fiscal, que está 7 u 8 punto por debajo.

Gallego ha remarcado que España utilizó su déficit y lo aumentó para poder reactivar la economía con inversiones públicas, lo que permitió que en los últimos meses se empezaran a ver mejorías en los datos de paro y de consumo. "Pero ahora quieren desandar ese camino", ha lamentado el sindicalista.