Este artículo se publicó hace 11 años.
CCOO reclama una renta mínima de 5.000 euros a las familias que no tengan ningún tipo de ingreso
El sindicato reclama al Gobierno que incluya la medida en los Presupuestos. Según Toxo costaría 1.000 millones al año e iría dirigida a los hogares en estado de pobreza severa
Comisiones Obreras ha propuesto este martes crear una renta mínima garantizada para personas que no obtienen ningún ingreso y que se encuentran en situación de necesidad, cuya cuantía estaría referenciada a la pensión no contributiva, que es de 5.108,6 euros en 2013.
En rueda de prensa para presentar su propuesta, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el secretario de Seguridad Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, han explicado que dicha medida sería indefinida pero que estaría acompañada de un programa de reinserción social y laboral.
La financiación vendría de los presupuestos generales del Estado, ha dicho Toxo, que ha cuantificado en 1.000 millones de euros el importe a destinar a esta propuesta en las próximas cuentas, que aprobará el Gobierno el próximo viernes. Así, durante el periodo de aplicación (2014-2017), Toxo ha cifrado el coste total de dicha propuesta en 4.000 millones.
Esta renta mínima estaría dirigida a los cerca de 630.000 hogares que se encuentran en situación de pobreza severa y que no reciben ningún tipo de ingreso ni por rentas del trabajo ni por prestaciones de desempleo ni por la Seguridad Social.
La cuantía a percibir será la fijada para las pensiones no contributivas vigente en cada momento, de tal forma que con los datos de 2013 una persona que vive sola recibiría 5.108,6 euros, cantidad que aumentaría a 6.283 euros en el caso de que sean dos personas y a 7.495 euros si se trata de tres.
Para percibir la renta mínima sería necesario ser mayor de edad, acreditar un plazo mínimo de un año de residencia ininterrumpida estando empadronado o de seis meses para aquellos españoles que hayan estado trabajando en el extranjero.
La gestión de las prestaciones sería competencia de las Comunidades Autónomas, en colaboración con entidades locales, y el tiempo máximo entre la presentación de la solicitud y su resolución, inferior a dos meses.
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