Una cascada de resoluciones favorables en cadena. Esto es lo que auspician las federaciones de empleados públicos de CCOO y UGT que mostraron ayer su satisfacción por la cuestión de inconstitucionalidad que ha elevado la Audiencia Nacional sobre el caso del recorte de salarios a los trabajadores de empresas públicas. Aunque el auto que ha dictado la Audiencia sólo se ocupa de la causa presentada por los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, los sindicatos esperan que si finalmente se culmina la declaración de inconstitucionalidad, se vean afectadas, favorablemente, todas las demandas presentadas a este respecto.

CCOO calcula que hasta 425.000 trabajadores de empresas públicas estarían afectados por esta resolución. La cifra es aproximada porque es casi imposible conocer los trabajadores de empresas públicas municipales y autonómicas, que no ofrecen información detallada. Además, el sindicato también entiende que así se sientan las bases para cuestionar la constitucionalidad del recorte aplicado al personal laboral de la Administración pública, que cifran en casi un millón de trabajadores. En total, casi un 45% de los empleados públicos (que llegan a los 2,7 millones) podría beneficiarse de este recurso.

En cualquier caso, la puerta se ha abierto para los siguientes casos que esperan juicio en la Audiencia Nacional. Por lo pronto, el próximo 4 de noviembre, la Sala de lo Social del tribunal ha citado al ente público Radio y Televisión de Andalucía (Canal Sur) para estudiar una demanda similar. El secretario de Empleo y Seguridad Social de la Federación de Servicios de CCOO, Raúl Olmos, asegura que esta demanda es especialmente importante porque también plantea la inconstitucionalidad de la aplicación que realizó la Junta de Andalucía del real decreto del Gobierno central. Las autonomías han hecho una aplicación heterogénea del decreto del Gobierno. Andalucía, por ejemplo, no lo aplicó a las sociedades mercantiles, pero la Comunidad de Madrid y Catalunya sí lo hicieron. De esta interpretación derivó el conflicto en el Metro de Madrid de este verano.

Otra de las grandes demandas que verá de forma inminente la Audiencia Nacional, el próximo 23 de noviembre, es la presentada por los trabajadores del Banco de España. Precisamente el gobernador de esta entidad, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fue uno de los que más defendieron el recorte en los salarios públicos.

También están muy avanzadas las reclamaciones de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) y la Autoridad de Puertos del Estado. En este sentido, desde Comisiones Obreras aseguran que en el caso de la autoridad portuaria se da la paradoja de que por sus estatutos, no ha podido colaborar con su recorte de personal en la austeridad del Estado, ya que tiene como mandato que este tipo de ajustes se aporten a reservas. Esta circunstancia se habría dado también, siempre según el sindicato, en Aena.

El auto de la Audiencia sirve a los sindicatos para volver a reclamar la reversibilidad de la medida tomada por el Gobierno y la necesidad de retomar el Diálogo Social en la Función Pública.

CCOO hizo un llamamiento al nuevo Gobierno y en especial al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, al que se le ha otorgado la responsabilidad sobre las Administraciones públicas, a que 'rectifique ya su política de vulneración de los pactos y acuerdos firmados, y retome la vía del diálogo y la negociación'. Los sindicatos de la Función Pública realizaron el 8 de junio una huelga en protesta por el recorte de un 5% de media de sus salarios.