Toda modificación legal que afecte a la Justicia precisa del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los tribunales. Sus integrantes, elegidos directamente por los partidos presentes en el Parlamento, acuden hoy a un pleno monográfico literalmente dividido en dos respecto a la reforma del aborto que pretende el Gobierno y que sólo permite la interrupción del embarazo ante un grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o en caso de violación.

La división es tal que las dos ponentes del informe, las vocales Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para presentar un único documento. Despues de tres plenos aplazados, y varias broncas internas, se ha optado por tirar por la calle de en medio: cada una de ellas presentará al pleno un informe, con el objetivo de que se aprobara un borrador común, punto por punto, en base a cada uno de los documentos.

Pero no va a ser posible. El órgano constitucional está partido en dos. La mitad, en concreto nueve vocales y el presidente, Carlos Lesmes, se inclinan por el informe de Carmen Llombart, la vocal conservadora. Otros ocho vocales optan por el informe de Pilar Sepúlveda, la vocal progresista.

Hay otros dos vocales, los de tendencia nacionalista Mercé Pigem y Enrique Lucas, que presentan un informe alternativo sobre la base del documento de Sepúlveda. Ambos creen que la reforma del Gobierno parte de una presunción de inconstitucionalidad de la ley del aborto actual, que no ha sido aún declarada en estos términos y la seguridad jurídica y no puede quedar sometida a los vaivenes parlamentarios.

Tampoco está clara la decisión final de los diez votos conservadores. El vocal Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, amaga con la abstención y defiende que la ley actual no ha sido declarada aún inconstitucional. Al igual que el Consejo Fiscal, considera más prudente esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso interpuesto ante este órgano antes de reformar ley alguna. Por su parte, la vocal conservadora Nuria Díaz Abad cree que Llombart se extralimita al plantear la indicación eugenésica de la regulación de 1985 sobre el nasciturus.

Por lo tanto, el pleno del CGPJ parte esta mañana con una deliberación y una posible votación de 10-8-2 y una abstención, en la preivisión más optimista. Aunque no se descarta algún otro voto huérfano.

Pero la poda que realizó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a este órgano constitucional provocará que el dictamen con más votos sea el que salga elegido. Sólo se precisa una mayoría simple, tras la reforma de 2013 del Gobierno de PP que redujo las competencias del CGPJ y sus mayorías reforzadas. Un escenario muy diferente a la ley de plazos de 2010, que precisó de 11 votos y provocó que, por primera vez en su historia, el CGPJ no emitiera informe alguno.

Así las cosas, el ministro de Justicia tendrá por fin su dictamen sobre su reforma de la ley del aborto conforme a sus aspiraciones.

En el informe de Sepúlveda, se pide directamente la retirada de la reforma mientras Llombart, recomienda cambios puntuales y echa en falta que la reforma del Gobierno no contenga una política integral de protección de la maternidad.

Pero ambas coinciden en despenalizar el aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico a la madre, así como en simplificar los trámites que la gestante debe completar para interrumpir su embarazo legalmente.