Siete años después de su precipitada huida a Japón, la tierra de sus antepasados, el ex presidente peruano Alberto Fujimori vuelve a Lima para responder ante la Justicia a las acusaciones de violación de derechos humanos y delitos
de corrupción.

Fujimori aguardaba anoche su inminente extradición a Perú, después de que la Corte Suprema de Chile, país dónde estaba detenido desde hacía dos años, decidió entregarle a las autoridades peruanas.
El fallo desató escenas de júbilo entre los familiares de las víctimas de las atrocidades cometidas durante la presidencia de Fujimori (1990-2000). La justicia chilena estaba en el foco de atención de los defensores de derechos humanos, después de que en julio un magistrado rechazara la extradición de Fujimori, tal como exigía el Gobierno de Perú.

El ex dirigente aceptó su destino y dijo que no iba a recurrir el fallo de ayer. Fujimori se mostró desafiante ante el regreso a Perú, dónde aún tiene muchos seguidores. 'Mi objetivo es reencontrarme con el pueblo', dijo en la radio.

Escuadrones de la muerte

Fujimori aprovechó un viaje a Japón en 2000 para abandonar la presidencia, cuando en Perú se cerraba el cerco sobre sus colaboradores, acusados de corrupción y de encubrir matanzas a manos de un escuadrón de la muerte, el infame Grupo Colina.
Tras años en el exilio en Japón, Fujimori viajó a Chile en 2005 para preparar su vuelta a la política peruana. Pero las autoridades chilenas pusieron al ex dirigente peruano bajo arresto, mientras los tribunales deliberaran sobre la solicitud de extradición de Lima.
El largo proceso jurídico concluyó ayer con el fallo de la Corte Suprema que fundó la extradición en dos delitos de violación de derechos humanos y cinco de corrupción.

Fujimori tendrá que declarar sobre dos brutales matanzas ocurridas durante su mandato: el asesinato en 2001 de 15 hombres, mujeres y niños en el distrito limeño de Barrios Altos y la muerte o desaparición un año después de nueve estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta, también en Lima. Estos crímenes se atribuyen a los paramilitares del Grupo Colina, que se constituyó para apoyar la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

Existen muchos indicios de que Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, que entonces dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional, tenían vínculos con este escuadrón de la muerte. Un alto general del Ejército peruano denunció en 1993 las matanzas del Grupo Colina y declaró que Fujimori y Montesinos tenían conocimiento de sus actividades. Poco después huyó del país tras recibir amenazas de muerte.
Fujimori también tendrá que responder a cinco cargos de corrupción en relación a los sobornos a congresistas y malversación de fondos públicos.

El Gobierno peruano pidió a la población que acogiera el fallo con tranquilidad. 'Sin ánimo de venganza, ni ningún tipo de represalia, el pueblo peruano y su Gobierno estarán atentos para que se haga justicia', declaró el presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo.