Chipre, el quinto país de la eurozona que ha solicitado un rescate a sus socios europeos, ostenta desde este domingo la presidencia de turno de la UE. Y estrena los seis meses de su mandato con la visita de los técnicos de la troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, y el Fondo Monetario Internacional) para analizar sus cuentas y negociar las condiciones del rescate.

La troika, formada por formada por 25 expertos, ha llegado hoy a Nicosia, pero será mañana cuando comience su trabajo de revisión de las cuentas públicas de Chipre, la tercera economía más pequeña de los países del euro.

Los expertos celebrarán sendas reuniones con representantes del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Chipre para analizar las necesidades económicas del país. Aunque no se ha especificado de forma oficial el periodo de estancia de los expertos en la isla, se estima que su evaluación puede durar entre dos y tres semanas

La troika examinará con especial atención el sector bancario de la isla mediterránea, muy debilitado por el efecto de la quita de la mitad de la deuda pública de Grecia en manos privadas, y que ha dejado descapitalizada a entidades con bonos estatales helenos. Sólo los dos principales bancos chipriotas requieren una inyección de 2.300 millones de euros, aunque otras evaluaciones, como la de la agencia de calificación Fitch, calcula que todo el sector puede requerir hasta 6.000 millones de euros, el 30 % del PIB de la isla. Algunas fuentes han estimado que el rescate podría llegar en ese caso a los 10.000 millones de euros, el 50 % del PIB de Chipre, para dar respuesta no sólo a las necesidades de recapitalización de la banca, sino también a las del Estado.

Debido a que Chipre tiene cerrado el acceso a los mercados desde hace meses, el pasado lunes solicitó ayuda a sus socios de la zona del euro. El Eurogrupo aceptó la petición de ayuda pero estableció que se debería aplicar un programa de ajuste completo a toda la economía, junto con el FMI, y no solamente limitado al sector bancario.

Chipre ha venido reiterando su temor de que las condiciones macroeconómicas que acompañan los créditos de Bruselas puedan ahondar la recesión en el país, cuya economía se contraerá este año un 1,1%, según el Banco Central de la isla.