El Tribunal Constitucional (TC) reanudará mañana su trabajo con la lupa puesta sobre el Estatut sin que nadie sepa cuántos aumentos tiene su lente y el nivel de criba que está dispuesto a aplicar en un texto validado por tres Cámaras y mayoritariamente aprobado en referéndum. Diez magistrados tienen la última palabra sobre una ley que el resto de ciudadanos los parlamentarios que los representan y las urnas que han recogido su opinión han dado por válida.

Estas dos legitimidades cruzadas conforman un difícil laberinto al que los partidos políticos tratan de encontrar una salida. 'Es insólito en el derecho constitucional comparado que una corte suprema como es el TC pueda desnaturalizar un texto que no es una ley orgánica más', denuncia Joan Ridao, portavoz de ERC en la Cámara Baja. 'Tengo claro que el TC no debiera tener la última palabra', completa Aitor Esteban, del PNV.

La Constitución recoge que el tribunal tiene la última palabra

Ambos diputados son juristas y están especializados en Derecho Constitucional, igual que Jordi Jané, portavoz de Justicia de CiU: 'No es bueno que una ley de este tipo se lleve al TC cuando las Cortes ya han dado su palabra, la han enmendado y después el pueblo la ha refrendado de forma mayoritaria'.

¿A quién corresponde la última palabra? La Constitución española es clara: al tribunal que vigila que ninguna norma rebase sus límites. Los partidos, sin embargo, hablan otro lenguaje, el político. Aunque están obligados a entenderse, al menos los nacionalistas piden que prime la legitimidad directa de las urnas sobre la interpretación técnica del Constitucional: 'El BNG no realiza valoraciones jurídicas sino políticas y, políticamente, debe prevalecer la expresión de la soberanía popular', reclama Francisco Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso.

El PSOE enmarca el fallo del TC dentro de la 'normalidad democrática'

Los muchos recelos nacionalistas contrastan con la 'normalidad de un sistema democrático maduro' que el PSOE pide que presida el debate. 'No veo ningún choque de legitimidades. Absolutamente respetable es la una y la otra, la del TC y el referéndum, sin entrar en a quién quieres más, al padre o a la madre', explica el diputado socialista Julio Villarubia.

UPyD comparte la raíz de este criterio. Su esencia contraria a los nacionalismos periféricos enmarca la respuesta de su diputada, Rosa Díez: 'No creo que haya un choque de legitimidades. A quien corresponde determinar si las leyes son acordes con la Constitución es al TC; esa es la legitimidad máxima'.

Los nacionalistas creen que el TC no debería decidir sobre el Estatut

Más allá de debates jurídicos, lo cierto es que el fallo del Constitucional puede contradecir la opinión de tres cámaras Parlament, Congreso y Senado revalidada en un referéndum por los ciudadanos catalanes. Las consecuencias del fallo hacen que algunas formaciones comiencen a reivindicar reformas para evitar que esta situación se repita en un futuro. Dos serían las fórmulas posibles: negar al TC la capacidad de enjuiciar un estatuto ya refrendado en las urnas o suspender su puesta en marcha hasta que se pronuncie el tribunal, esto es, recuperar el denominado recurso previo de inconstitucionalidad, derogado en 1985.

'La posición del TC no debería ser la de enmendar el pacto sino, en todo caso, hacer una valoración interpretativa, nunca enmendar la plana', defiende Gaspar Llamazares, diputado de IU.

Con idéntico fondo crítico, ERC y el BNG son también partidarios de que el Constitucional no pueda en un futuro retocar un estatuto ya votado, igual que sugiere con matices CiU, invitan a reflexionar ICV y Nafarroa Bai y defiende con tesón el PNV: 'Ni analítico ni normativo. Si no va a enjuiciarlo, mejor que no haga nada; no me parece correcto que 12 magistrados enjuicien los estatutos', señala Esteban.

Sólo PP, UPyD y UPN abogan por recuperar el recurso previo

'El TC tiene que velar por el respeto a la Constitución y no debe haber zonas oscuras que no puedan ser objeto de revisión por la propia seguridad jurídica de los ciudadanos', replica Villarrubia. 'Los estatutos, igual que cualquier otra ley, tienen que encajar en el ámbito de la legalidad de la Constitución', defiende Ana María Oramas, portavoz parlamentaria de Coalición Canaria. Es contraria a vetar al TC en el análisis de estatutos ya refrendados, igual que UPyD: '¿Cómo no va a pronunciarse el más alto tribunal? ¿A alguien se le ocurre que las leyes más importantes de Estados Unidos no las vea la Corte Suprema? ¿Qué va a ver el Constitucional, lo que no es sustancial?', pregunta Rosa Díez.

En mayo de 2008, UPyD ya pidió en el Congreso rehabilitar la fórmula del recurso previo de inconstitucionalidad, desterrada en 1985 de la norma que regula el TC. Pero no tuvo éxito.

El primer Gobierno de Felipe González derogó esta posibilidad por ser un 'factor distorsionador de la pureza' del sistema. La derecha representada por Alianza Popular lo utilizó sistemáticamente para ralentizar la acción del Ejecutivo socialista, ya que el recurso previo detenía la puesta en marcha de cada ley cuestionada hasta que se pronunciara el TC.

El programa con el que el PP acudió a las últimas elecciones generales pedía también que se desempolve esta figura. Su aplicación habría impedido el referéndum con el que los catalanes aprobaron el Estatut en junio de 2006, con el 73,9% de votos favorables. No podría haberse celebrado sin un pronunciamiento previo del TC, que lleva ya tres años esperando.

Con la excepción del PP, UPyD y los navarros de UPN, nadie más aplaude el regreso de la fórmula derogada. Villarrubia considera que plantea 'muchos más inconvenientes que ventajas' y recuerda que en el pasado se hizo un uso 'abusivo y torticero' del recurso para frenar al Legislativo. 'Eso sería tanto como aplicar una censura previa a las posiciones políticas', denuncia Llamazares.

Desde la sensibilidad nacionalista los recelos son aún mayores. 'Es mejor que no exista, porque bloquea una norma aunque disponga de mayoría en el Parlamento para ser aprobada, con lo cual pesa más quien impugna que quien dispone de votos para apoyarla', argumenta Jané en torno a una posibilidad que 'no es ni siquiera planteable', según advierte el republicano Ridao.

'Los tribunales ya se usan demasiado para hacer política sostiene el representante del PNV y nos encontraríamos con una batería de recursos que bloquearían la capacidad legislativa'. Joan Herrera, de ICV, describe con nombres y apellidos la intención última que a su juicio pretendería Rajoy con esta propuesta: 'Con un PP tan obstruccionista, nos encontraríamos ante un bloqueo institucional'.