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Cinco proyectos que Rajoy sacará del cajón en 2013

La contrarreforma del aborto, la reforma de las administraciones públicas, una ley sobre la unidad de mercado, la revisión del sistema de pensiones y la ley de emprendores copan la agenda del Gobierno en el arranque del nuevo año

JORGE OTERO

Si de algo presume sin rubor el Gobierno del PP es de su frenética actividad legislativa. El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aprobó en 2012 29 decretos-ley y llevó al Congreso otros 33 proyectos de ley, de los cuales se han aprobado 22 y quedan 11 pendientes de aprobación, según las cuentas de los conservadores.

En el último año el Gobierno ha llenado su agenda política y económica con lo que ha denominado 'reformas'. Bajo la denominación de Plan Nacional de Reformas, Rajoy ha gobernado a golpe de decreto, sin contar para nada con la oposición, aprobando una medida tras otra, la mayoría de ellas polémicas y que iban en contra de lo prometido en su programa electoral. Esa actividad reformista del Gobierno ha estado marcada por los recortes. Y en 2013, un año que el propio Rajoy augura que será 'duro', las cosas no van a cambiar demasiado: más decretos, más recortes.

Si en 2012 Rajoy sacó adelante medidas que no estaban previstas, en 2013 tiene pendientes otras importantes, algunas que sí estaban incluidas en su programa electoral: una reforma de la ley del aborto, otra de la Administración pública —en especial de los ayuntamientos—, una nueva legislación sobre la unidad de mercado, una revisión profunda del sistema de pensiones y la entrada en vigor de la medida estrella del programa electoral del PP: una ley de emprendedores.  Todas estas medidas se aprobarán 'en el plazo de unos meses', según fuentes del PP.

Desde que en 2010 se aprobó la actual Ley del aborto, el PP anunció su intención de derogarla en cuanto llegará al poder. En los primeros meses de Gobierno del PP hubo un intenso debate sobre este asunto. El propio Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, dejó claras sus intenciones en su primera comparecencia parlamentaria a las pocas semanas de tomar posesión: la normativa se iba a reformar y se iba a volver a la ley de 1985. Pero a medida que pasaban los meses Gallardón endureció su postura y en una entrevista con el diario La Razón en septiembre dijo que la malformación del feto no será uno de los supuestos para abortar, algo que sí contempla la ley de 1985. 

A pesar de que la Conferencia Episcopal, los colectivos provida y algunos miembros del PP siguen pidiendo la abolición total del aborto, el Gobierno de Rajoy no se atreverá a tanto. Pero lo que plantea el Ejecutivo es una contrarreforma en toda regla, un verdadero retroceso de 30 años. Todo el mundo creía que esa contrarreforma entraría en vigor en 2012, pero el Gobierno aún no ha llevado al Parlamento su proyecto. Lo hará en las próximas semanas, según el PP. El debate político se incendiará y la reforma del aborto será una de las noticias del año.

La reforma de la Administración pública es otro proyecto que puede salir en cualquier momento del cajón del Gobierno. Ese asunto está incluido en el programa electoral que el PP presentó en las elecciones de noviembre de 2011 y en su Plan Nacional de Reformas. Ya el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se planteó esta cuestión. La intención no es otra que adelgazar el sector público y abaratarlo.

De momento, lo que ha hecho el Gobierno es crear una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Esa comisión, integrada al menos por cuatro subcomisiones y adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, trabajará hasta el 30 de junio de 2013 recogiendo informes y datos sobre la situación de las Comunidades Autónomas y sus necesidades de adelgazamiento.

El Ejecutivo quiere empezar por los ayuntamientos. En noviembre el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, mostró su intención de enviar al Congreso lo antes posible un proyecto de reforma de las corporaciones locales. Según Montoro, esa reforma servirá para devolver la confianza y la estabilidad a los ayuntamientos y dotarles de más peso en el total del gasto público. En la agenda del Ejecutivo también aparece la reducción o fusión de ayuntamientos, aunque a está idea aún le queda mucho para madurar. 

Esa es otra de las viejas promesas del PP. En el discurso de Rajoy cuando estaba en la oposición la unidad de mercado ocupaba un lugar preeminente. 'Si en Europa vamos hacia normas iguales no tiene sentido que en España haya 17 normas distintas. Hay que garantizar la igualdad de derechos de los españoles', decía el ahora presidente.

Pese a no haberlo aprobado en 2012, el Gobierno sigue fijando como 'una prioridad' este proyecto. 'La unidad de mercado es capital', dijo a principios de septiembre Rajoy. El presidente anunció que se darían pasos en otoño para que no hubiera '17 regulaciones distintas en materia como transportes o medio ambiente'. No se ha hecho aún: el Gobierno parece apostar por la cautela, quizá porque esta es una iniciativa que despierta recelos en las Comunidades Autónomas: supondría atarlas más en corto. A esta iniciativa se sumaría otra, también anunciada por Rajoy: 'Atajar la excesiva regulación por parte de los gobiernos autonómicos y también del Gobierno central para que la economía pueda funcionar mejor'. Previsiblemente en 2013 se avanzará en este tema.

Una cuestión que generará mucha polémica. Al Gobierno le toca en 2013 terminar de regular y desarrollar la reforma de las pensiones que impulsó el PSOE y que entra en vigor este 1 de enero. La medida contempla retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años de forma gradual entre 2013 y 2027. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Rajoy y su equipo se plantean una nueva y profunda reforma del sistema de pensiones. De hecho, en el Consejo de ministros del pasado viernes 28 de diciembre el Ejecutivo aprobó un decreto-ley que suspende la norma de Zapatero en lo tocante a la jubilación anticipada y parcial.

El presidente ya ha dicho que el sistema es 'insostenible'. Su primer objetivo será restringir el acceso a las jubilaciones anticipadas. Seguramente también se acelerará la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años y se introducirá el llamado factor de sostenibilidad, que establecerá que la edad de retiro se retrase aún más en función de esperanza de vida. 

Rajoy ha dado un plazo de tres meses, en el marco del Pacto de Toledo, para alcanzar un consenso con el resto de partidos, sindicatos y empresarios. De no producirse el acuerdo, el Gobierno hará lo que ya es una tradición: aplicar el rodillo y sacar adelante su propia reforma con un decreto-ley.

Fue una de las promesas más repetidas y más publicitadas por Rajoy durante la campaña electoral. La vendió como una norma fundamental para crear empleo, además de inminente, pero 2012 se acaba y la medida sigue pendiente de ver la luz. Y eso que a día de hoy hay 50.000 autónomos menos que hace un año. 

La norma prevé incentivos fiscales pero 2012 ha sido el año de las subidas de impuestos. El Gobierno insiste en que la nueva Ley estará 'a principios de 2013'. Es muy probable que sea la primera de las medidas que el Gobierno guarda en el cajón en ser aprobada en el año que empieza.

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