El cine español ya tiene nueva ley

Tras un largo y costoso camino, el proyecto de Ley de Cine ha sido aprobado hoy definitivamente por el Parlamento con un consenso general e incluyendo un sistema de ayudas, que va desde las desgravaciones fiscales a la creación de un nuevo fondo para películas en lenguas cooficiales.

La nueva Ley de Cine nació de la mano de la anterior ministra de Cultura, Carmen Calvo, su principal defensora, y ha recibido el empujón definitivo con César Antonio Molina como titular del departamento.

Del desencuentro inicial al acuerdo de hoy ha pasado un año de negociación, tres enmiendas a la totalidad y más de 150 enmiendas parciales incluidas de las 400 presentadas en ambas cámaras.

En el Congreso, los grupos se tomaron más de un mes para debatir sus propuestas, a pesar de que el texto se tramitaba por el procedimiento de urgencia. Hoy, en el último Pleno de la legislatura, esta Cámara lo ha dado por zanjado, incluyendo cinco de las seis enmiendas aprobadas en el Senado, pues se ha quedado fuera una propuesta de CiU que había provocado rechazo entre los directores de cine. Así, finalmente, para que un filme tenga la nacionalidad española, el director debe ser ciudadano comunitario.

Las enmiendas incluidas en el trámite parlamentario permitirán la creación de un nuevo fondo para el cine en lenguas cooficiales; un programa de ayudas para el sector de la animación y otro para que los exhibidores afronten la reforma tecnológica de las salas, así como medidas que faciliten el acceso de los discapacitados al cine y la promoción de salas municipales que proyecten filmes de calidad.

El proyecto de Ley nació el 28 de diciembre de 2006 pero encalló nada más iniciar su andadura cuando las televisiones privadas se negaron a invertir un uno por ciento más en cine y los exhibidores rechazaron el texto.

El Gobierno se tomó su tiempo y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, inició en febrero, junto a Carmen Calvo, una intensiva ronda de negociaciones con los representantes del sector.

Por fin, se solventó la negativa de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) manteniendo su obligación de invertir en cine el cinco por ciento que estableció el real decreto de 2004 -recurrido por UTECA alegando inconstitucionalidad y sobre el que aún tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo- y a la espera de una futura Ley de lo Audiovisual.

Asimismo, y como medida de protección frente al cine estadounidense, se mantuvo la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, pero se introdujo "cierta flexibilidad", al contabilizar por sesiones y no por días, y teniendo en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.

Los exhibidores no aceptan esta medida, al igual que reclaman que la ley fije los plazos de explotación de las películas en las distintas ventanas y establezca sistemas de protección frente a las grandes distribuidoras internacionales.

Desde el principio, el proyecto de ley se empleó en definir la figura del productor independiente y en las desgravaciones fiscales para atraer capitales ajenos al mundo audiovisual a la producción cinematográfica, bajo la figura del coproductor financiero (con la que se podrá desgravar hasta un 18% de la inversión).

Asimismo, establece un sustancioso aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía y la transformación del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) en Agencia Estatal.

El proyecto de Ley llegó al Congreso de los Diputados en septiembre, donde ERC, IU-ICV y CiU presentaron enmiendas a la totalidad argumentando la vulneración de las competencias de los nuevos estatutos de autonomía.

Poco antes de su debate en el Pleno, estos grupos alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Cultura gracias a la inclusión de un nuevo artículo por el que se creará en 2009 un fondo específico para el cine en lenguas distintas al castellano, con una dotación máxima de 11 millones de euros anuales, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de cada Comunidad Autónoma con lengua propia.