Citados a declarar Julián Muñoz y Roca en una pieza separada del "Caso Malaya"

El instructor del "Caso Malaya", Óscar Pérez, ha citado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca para que presten declaración en calidad de imputados el próximo 20 de mayo por una pieza separada de esta causa en la que se investigan dos operaciones urbanísticas.

El juez ha señalado además para ese mismo día las comparecencias del empresario Francisco Javier Arteche, el tasador José Mora Igeño y los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano Pastor, estos dos últimos procesados también por el "Caso Malaya", según han señalado a Efe fuentes judiciales.

El 21 de mayo deberán prestar declaración por esta pieza separada la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor -ambos también encausados en el procedimiento contra la supuesta trama de corrupción municipal- e Inés Soroeta.

Por esta causa ya compareció en los juzgados de Marbella el pasado enero el ex secretario del Ayuntamiento Leopoldo Barrantes, al que el juez le imputa un presunto delito de falsedad de documentos.

El instructor del "Caso malaya" acordó en diciembre de 2007 abrir un procedimiento aparte en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".

El juez establece en relación con la primera de las operaciones que el Consistorio marbellí firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El magistrado destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.

Señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.

Destaca también que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico, se refleja un pago por 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".

El juez apunta que, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.

Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".

Sobre la operación "Francisco Norte", indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el consistorio acordaba pagar a la empresa 3 millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.