El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, presta declaración hoy como testigo ante la juez que investiga el caso del supuesto espionaje al que fue sometido en 2008, para cotejar su agenda con el posicionamiento de los teléfonos móviles de las personas que presuntamente le siguieron.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Cobo ha sido citado a las diez de la mañana por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, a la que informará de los lugares en los que estuvo en los primeros días de abril de 2008, según han indicado a Efe fuentes próximas al vicealcalde.

La agenda del vicealcalde de Madrid de aquellos días será cotejada con los posicionamientos de los móviles de los supuestos espías, que según el diario El País ya han sido remitidos por Telefónica al Juzgado.

La citación de Cobo se produce exactamente un año después de que, el 21 de enero de 2009, anunciara públicamente que pediría a la Fiscalía de Madrid que investigara el espionaje "parapolicial" al que supuestamente había sido sometido y del que ese día informó El País.

El diario aseguraba que el vicealcalde fue espiado en abril de 2008 por un grupo de ex agentes de la Policía y de la Guardia Civil pagados por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid que dirige Francisco Granados.

Tras conocer la noticia, Cobo decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que al día siguiente abrió una investigación para esclarecer los supuestos seguimientos al "número dos" de Ruiz-Gallardón y a altos cargos de la Comunidad de Madrid como su vicepresidente, Ignacio González, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, que según El País también habían sido espiados.

El Ministerio Público citó al autor de la información, el periodista Francisco Mercado, que el 23 de enero de 2009 declaró que según los documentos a los que había tenido acceso las vigilancias a Cobo y a Prada habían sido obra de funcionarios de la Administración regional, mientras que atribuyó los seguimientos a González a "empresas de seguridad" con las que éste tenía "alguna rivalidad".

Tres días después de esa comparecencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, abrió diligencias para investigar el supuesto espionaje a González, que había sido denunciado por la Comunidad de Madrid.

Cobo también presentó una denuncia ante los tribunales, que recayó en un Juzgado distinto, el número 5, cuya titular, Carmen Valcarce, quiso inhibirse en favor de su compañero Sierra, al entender que todos los casos de supuesto espionaje estaban relacionados y debían investigarse en un mismo procedimiento.

Sin embargo, Sierra acordó el 31 de marzo de 2009 rechazar la inhibición, argumentando que las denuncias de González y de Cobo carecían de relación tanto por su contenido como por las personas afectadas, además de por el tiempo de los hechos objeto de las actuaciones.

"Hasta el momento, ni por los documentos obrantes, ni por las declaraciones de los agraviados, ni por las declaraciones de los testigos que han declarado ante el Juzgado, puede desprenderse relación entre ambas actuaciones", señalaba el magistrado en su resolución.

Así, la juez Valcarce inició la investigación sobre los espionajes a Cobo y a Prada, y acordó llamar a declarar a tres asesores de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, los ex guardias civiles José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

La comparecencia de éstos se produjo el pasado 30 de julio y durante la misma los tres supuestos "espías" aseguraron que sólo hacían labores de contravigilancia y negaron haber realizado seguimientos que afectaran a la intimidad de políticos madrileños.

El siguiente movimiento de la juez fue escuchar a las víctimas del supuesto espionaje, por lo que a mediados del pasado mes de enero acordó citar a Cobo, que declarará hoy.