El senador Marcello Dell'Utri, colaborador de Silvio Berlusconi, admitió contactos con el empresario afincado en Venezuela, investigado por el intento de comprar votos de los italianos que viven en Suramérica para las elecciones generales del próximos días 13 y 14, pero negó cualquier tipo de implicación.

En declaraciones recogidas hoy por la prensa italiana, Dell'Utri puntualizó que no ha recibido notificación alguna de estar siendo investigado, y calificó de "mentira" y "basura" su posible implicación en el presunto intento de fraude electoral.

El senador admitió que Aldo Micchiche, empresario condenado en Italia por quiebra fraudulenta y ex miembro del partido Democracia Cristiana en Sicilia, le contactó para ofrecerse como ayuda en la campaña electoral en Latinoamérica.

Según Dell'Utri, condenado en 2004 en primera instancia a nueve años de reclusión por complicidad con la mafia siciliana, se limitó a poner al empresario en contacto con Barbara Contini, encargada de la campaña en el extranjero del Pueblo de la Libertad, la nueva formación de Berlusconi.

Dell'Utri, brazo derecho de Berlusconi en sus primeros pasos en la política, explicó que no conoce a Micchiche de persona, pero que había hablado en varias ocasiones con él, ya que el empresario se ocupa de petróleo en Venezuela y "algunos amigos rusos estaban interesados en el negocio".

El caso de la posible compra de votos de los italianos en Latinoamérica estalló ayer cuando el diario "La Stampa" publicó que la fiscalía de Reggio Calabria, región del sur de Italia, estaba investigando posibles fraudes en Sudamérica.

Según el rotativo, el empresario siciliano, aprovechando sus contactos con la familia Piromalli de la Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa que cuenta con importantes ramificaciones en Latinoamérica, quería comprar votos para el Pueblo de la Libertad de Berlusconi.

El diario "Corriere della Sera" publica hoy la presunta conversación telefónica interceptada por los investigadores en la que Micchiche asegura a Dell'Utri, que "los responsables de los votos se taparán los ojos cuando uno de los nuestros se ocupará de recuperar las papeletas y poner una cruz sobre el símbolo del PDL".

El coste de la operación, según la prensa local, era de 200.000 euros (318.000 dólares) por unos 50.000 votos, mientras que "La Stampa" añade que la familia Piromalli habría pedido a cambio poder atenuar las duras condiciones carcelarias de algunos de sus miembros.

Micchiche entrevistado por el diario "Corriere della Sera" aseguró que, por el contrario, advirtió a Dell'Utri de la posibilidad de fraudes y añadió que su intención era sólo que las operaciones del voto se desarrollasen legalmente.

El ministro del Interior en funciones, Giuliano Amato, confirmó ayer que la fiscalía calabresa le señaló hace algunos días la existencia de la investigación sobre algunos intentos de fraude en el voto en el extranjero.

Amato añadió que, tras ser informado, envió una circular a todos los consulados "en la que se invitaba a prestar particular atención y garantizar que todas las papeletas electorales no se perdiesen de vista" y añadió que confía en que esto "haya servido para evitar el fraude".

El derecho al voto para los italianos que residen fuera del país se introdujo durante la pasada legislatura en la que gobernaba Berlusconi.