A tres semanas de las elecciones legislativas, Colombia entra de lleno en campaña con fuertes medidas de seguridad ante eventuales ataques de las FARC y en medio de denuncias de fraude, violencia y coacción a los votantes.

El próximo 14 de marzo 29,5 millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir a 102 senadores, 166 representantes a la Cámara de Representantes y cinco miembros del Parlamento Andino, unos comicios que antecederán a los presidenciales del 30 de mayo.

Además se celebrarán elecciones regionales anticipadas en varios departamentos, entre ellos Guaviare (28 de febrero) y Caquetá (18 de abril), ambos con fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Guaviare se sustituirá al ex gobernador Óscar de Jesús López Cadavid, encarcelado por sus nexos con paramilitares; mientras que en Caquetá se elegirá al sucesor del gobernador Luis Francisco Cuéllar, asesinado el pasado 21 de diciembre por las FARC.

Sin embargo, ha perdido fuerza la posibilidad de que se celebre un referéndum para que el pueblo decida sobre una segunda reelección de Álvaro Uribe, tal y como el propio mandatario ha comenzado a insinuar, aún sin conocer si la Corte Constitucional lo aprobaría o lo rechazaría antes de mayo.

Ante este maratón, y también por el tradicional aumento de la violencia en los procesos electorales colombianos, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, anunció esta semana que más de 100.000 policías y militares serán desplegados durante los comicios de marzo para cubrir prácticamente el cien por cien del territorio nacional.

Su Ministerio ha identificado "un mapa de riesgo que determina aquellos municipios donde las amenazas del narcoterrorismo y de la violencia pueden ser mayores y más significativas".

Además unos 60 observadores de 25 países velarán por la transparencia, a los que se sumarán los que envíen los organismos internacionales.

Y es que la transparencia y el derecho a votar en libertad son derechos que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) creen se están vulnerando en Colombia.

La Misión Internacional de Observación Internacional, integrada por ONG de ocho países, denunció esta semana que la limpieza de los comicios está amenazada por coacciones, asesinatos y persecución.

Tras recorrer varias regiones del país, la misión aseguró que los candidatos de los partidos que forman la coalición gubernamental chantajean a los votantes.

"Llegan a los barrios pobres y le dicen a la gente que si no votan por el partido del Gobierno se puede acabar con los subsidios, y como muchos viven con estos subsidios es una amenaza que no es justa y tiene mucho impacto", dijo la directora del Programa para las Américas para el Centro de Política Internacional, Laura Carlsen.

Pero hay otros delitos, como "las amenazas de los grupos armados" y la presión hacia la prensa: "periodistas independientes llamaron la atención del equipo sobre las amenazas contra su vida y las presiones de las que son objeto cuando realizan denuncias sobre delitos electorales", agregó.

Por su lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) denunció el jueves que cerca del 14 por ciento de los 1.119 municipios del país están expuestos al fraude, la manipulación y las irregularidades.

Son 159 municipios ubicados en nueve de los 32 departamentos los que presentan "riesgos por anomalías o irregularidades", según esta ONG colombiana.

La intención del MOE, según su directora, Alejandra Barrios, es hacer una "alerta temprana" para que las autoridades prevengan las interferencias de la corrupción, poderes mafiosos y grupos armados ilegales que retan a los órganos de vigilancia, a la prensa, a políticos y a la sociedad en general.

Asimismo hizo referencia al "contexto de polarización e incertidumbre" en el que se desarrollarán los comicios legislativos, al recordar que 91 de los congresistas elegidos en 2006 han sido investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares o guerrilleros, de los que doce han recibido penas de prisión.

Y es que una tercera parte del Congreso colombiano está muy cuestionado a causa de la denominada "parapolítica", un gran escándalo que se desató en 2007 cuando se determinó que todos estos políticos, pertenecientes a los partidos de la coalición gubernamental, se aliaron con paramilitares.

Esos congresistas se habían beneficiado de las acciones de esos grupos armados e incluso lograron los escaños gracias a sus dineros ilícitos y sus apoyos.

Esther Rebollo