En la precampaña, Carme Chacón se reparte en su triple condición de ministra de Vivienda, futura cabeza de lista del PSC en Barcelona y una de las dirigentes socialistas con más presencia pública. En el ministerio ha de afrontar uno de los problemas que, según todas las encuestas, más preocupa a los ciudadanos y en su actividad de candidata, debe hacer frente a los efectos de la crisis ferroviara en su circunscripción. Cree que, finalmente, los catalanes valorarán positivamente la gestión de Zapatero. En vivienda, propone, como nueva medida, combatir a los acosadores inmobiliarios que presionan a personas mayores para echarles de sus casas. Y está convencida de que todas las autonomías firmarán el convenio de la nueva ayuda al alquiler de 210 euros al mes para que los jóvenes puedan pedirla desde el 1 de enero.

¿Como cabeza de lista del PSC en Barcelona, le preocupa la repercusión de la crisis ferroviaria en las elecciones?

La gente sabe lo que se juega España y Cataluña y que un presidente del Gobierno no es un ingeniero, que no diseña planos ni maneja una tuneladora y ha visto que hay dos tipos de políticos: los que cuando tienen un problema se esconden y los que dan la cara y aportan soluciones y compensaciones. Zapatero es de los segundos y ha tenido clara su responsabilidad, ha ido a Catalunya a dar explicaciones y ha tomado decisiones sobre las empresas que cometieron errores y se ha comprometido a que el AVE llegue a Catalunya. La comunidad tenía un enorme déficit de inversiones y se está reparando y modernizando la red de cercanías, y haciendo un AVE social que conecta Barcelona con Madrid, pero también con Tarragona, con Lleida y con Girona. La gente sabe distinguir y decidir.

¿Admite que el Gobierno ha cometido errores políticos en este asunto?

Sí, y se han asumido por el propio presidente en primera persona y se han tomado decisiones para subsanar esos errores. En un año, Catalunya recibe más dinero de inversiones en los presupuestos que en los cuatro años juntos del pacto entre el PP y CiU. Se ha asumido la rehabilitación de los barrios que llevan más de dos años sufriendo las obras, y así lo haremos desde Fomento y desde Vivienda.

¿Comparte que hay desafección de los ciudadanos con los políticos por esos sucesos y de los catalanes con el resto de España?

Para ser presidente hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada territorio. Y Zapatero lo sabe y ha dado ejemplo de cómo se conjura el riesgo de desafección, mientras el PP hacía la campaña más agresiva contra los hechos diferenciales, contra Catalunya, contra la lengua catalana, contra los productos catalanes pensando que eso le daba votos en el resto de España. Zapatero ha sido valiente tomando decisiones como el Estatut y los Presupuestos inversores en una tierra que llevaba ocho años de asfixia económica.

¿Qué supone que el Parlamento de Catalunya pida la destitución de la ministra de Fomento?

Supone una equivocación de los partidos que lo han apoyado. Cuando se acercan las elecciones, se hacen más frecuentes las posiciones oportunistas de corto alcance. Es obvio que un Parlamento no puede pedir cuentas a un Gobierno que no rinde cuentas en ese parlamento. ¿Qué diría el Parlamento catalán si el extremeño o el español pidiera la dimisión de éste o aquel conseller?

El martes el Congreso aprobará previsiblemente la reprobación de Magdalena Álvarez.

Quienes conocen los errores técnicos que se han cometido deben ser quienes aporten la solución. Y esa solución está en marcha. Alguno quiere que el AVE fracase, pero mucho antes de lo que se espera tendremos no sólo la llegada del AVE, sino la modernización de las infraestructuras de Barcelona que llegaron a un estado de deterioro grave, que tiene que ver con los ocho años de asfixia de la etapa del PP, un deterioro que se reanudaría si ganara Rajoy las elecciones. Eso lo saben los catalanes, porque no hay más que escuchar a Rajoy y a sus colegas. Lo mejor que le ha llegado a Catalunya se lo ha traído un Gobierno socialista, pero del PP no se recuerda nada positivo de sus años de Gobierno en España.

¿Qué le parece la defensa que hace Artur Mas del derecho a decidir de los catalanes?

Mas habla y habla del derecho a decidir, pero no se decide. Trasvase sí o no; Estatut sí o no; matrimonio homosexual sí o no; Rajoy o Zapatero. Y en la indecisión ha emprendido una deriva verbal radical que aleja cada vez más a CiU del sentir mayoritario de los catalanes. Catalunya es una tierra de moderación y sentido común y esta Convergencia radical de Mas en nada se parece a la de Pujol que lograba mayorías. Ahora se radicalizan y hacen propuestas cada vez más incoherentes. Por ejemplo, en menos de un año han querido pactar con el PP, con ERC, con el PSC y no ha sido capaz de entenderse siquiera con su coaligado, la Unió de Durán Lleida. Todo es producto de la profunda crisis interna y de discurso en que está sumida después de la marcha de Pujol, que le lleva a competir con los independentistas. Se olvidan de que los ciudadanos deciden en cada cita con las urnas y acaban de decidir sobre el Estatuto más ambicioso de nuestra historia, que queremos que se haga realidad y se desarrolle.

Se dijo que el Estatuto debería servir para cerrar esas tensiones y evitar la radicalización de los nacionalistas, ¿es un fracaso que no haya ocurrido así?

El problema de CiU es que cada día dice una cosa distinta. Cuando oigo a Mas hablar del fracaso que puede significar una sentencia adversa del Constitucional, da la sensación de que está deseando el fracaso del Estatuto que él mismo ayudó a aprobar y en eso me recuerda a Rajoy. Mas es bifracasado, pero da la sensación de que apuesta todas sus cartas al fracaso de todo: del Estatut, del AVE, de la economía, de los lazos de España con Cataluña, para tapar su fracaso propio. La única diferencia es que Rajoy sólo lleva un fracaso en las urnas, aunque le está esperando el siguiente.

¿Qué ocurrirá si el TC anula artículos básicos del Estatuto?

No hay que aventurar el fracaso de un estatuto que es fruto de una labor bien hecha. Nuestro trabajo tiene que mucho que ver con ambicionar el autogobierno de Cataluña, dentro de los parámetros de la Constitución. Después de cuatro años de debate identitario hay que desarrollar el Estatuto en lo que preocupa a los ciudadanos, las infraestructuras, la educación, la sanidad, los aeropuertos, etcétera. Es decir, mejorar la vida de los ciudadanos, pero es inconcebible que quien ha trabajado en eso esté deseando su fracaso.

¿ERC es un socio incómodo en las Cortes y en Catalunya?

No es un socio cómodo ni consigo mismo. ERC ha aceptado el pulso radical de CiU y ha emprendido una deriva cada vez más radical y alejada del sentir mayoritario de los catalanes, porque Catalunya no quiere separarse de esta España, sino volver a liderar lo mejor de España. Olvidan la historia de España y cómo Catalunya fue líder en la lucha antifranquista y en derechos y libertades personales y sociales; sus empresas han sido líderes en desarrollo y en la integración en Europa. Ahora Catalunya quiere ser líder en la modernización que representa la España de Zapatero y no es tiempo de hablar de soberanías ni independencias. Eche un vistazo a la historia y comprobará que Zapatero es el presidente más progresista de la historia de España. Eche un vistazo alrededor y constatará que es el presidente europeo que ha actuado de forma más consecuente con sus principios. Ningún líder ha sido tan valiente.

Una de las medidas del fomento del alquiler es flexibilizar las condiciones de la ayuda de 6.000 euros para dueños de pisos vacíos que los alquilen. ¿Habrá decreto este año?

Queremos que entren en vigor las mejoras del actual plan de vivienda el 1 de enero. Teníamos una ayuda de 6.000 euros que, por condiciones de metros de la vivienda o por la renta máxima que ponía, dejaba fuera la mayoría de los pisos. Mejorando el plan flexibilizamos las condiciones y hacemos algo mucho más importante: dar seguridad a los propietarios. La semana que viene presentamos, además, el programa Alquiler seguro con seguros multirriesgo contra daños y desperfectos e impagos. Vamos a poner en marcha los diez primeros juzgados de primera instancia de lo civil donde el problema del desahucio es más grave. Además, hay otras medidas legislativas, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil también para agilizar los desahucios. Estamos viendo qué medidas podemos poner en marcha ya y hacerlo con la unanimidad que ha suscitado en el Senado y no perder por el camino una reforma que es importante, con un objetivo básico: acabar con el moroso profesional, aquél que busca todo recoveco legal para demorar el desahucio.

¿Cuántos pisos de los tres millones que hay vacíos podrán salir al mercado con estas medidas?

Se ha dado esa cifra pero nadie es capaz de asegurar que sea exacta. En todo caso, sabemos que ese parque existe y sabemos que queremos trabajar sobre él pero a día de hoy no podemos aventurar una cifra.

¿Además de Madrid, se extenderán los juzgados para agilizar desahucios a ciudades como Valencia y Sevilla?

El Ministerio de Justicia está decidiendo dónde son más necesarios. Probablemente esté sucediendo en las grandes ciudades y no en otras; por ejemplo, no sucede en Barcelona. Estamos viendo dónde se radicarán.

Se da desde hace años un problema de fraude en la venta de viviendas protegidas, del que no hay datos. ¿El ministerio estudia alguna medida para atajarlo?

Como sabe, somos tres administraciones las que nos damos la mano a la hora de construir vivienda protegida. Desde que estamos gobernando se ha aumentado un 58% las viviendas protegidas iniciadas y hoy ocho de cada diez viviendas protegidas las está pagando el Gobierno central. Los mecanismos contra el fraude los compartimos entre todas las administraciones, pero es verdad que el fraude es una de las preocupaciones en la política de vivienda, da igual que sea en la renta básica de emancipación o de alquiler y también en vivienda protegida. Piense que esa tarea contra el fraude la compartimos todas las administraciones.

Una enmienda del PSOE en la Ley de Presupuestos establece que la deducción real de un alquiler para una persona con ingresos de 24.000 euros brutos es de 1,5 euros, mientras que la máxima que habrá de 906 euros sólo es efectiva para ingresos de 12.000 euros ¿Quedarán así?

Lo hemos tenido que hacer por enmienda porque cuando se presentaron los presupuestos aún no habíamos acordado restablecer las deducciones fiscales al alquiler que suprimió el PP. Estamos hablando de 400 millones de euros de esfuerzo también para la nueva deducción fiscal con un objetivo: corregir la discriminación que sufren quienes viven en alquiler frente a quienes viven en propiedad. Tenemos también una prioridad muy importante y es pensar en personas que se han separado o divorciado que, con un sueldo, están pagando dos viviendas, algunos una pensión, y que no han recibido ninguna ayuda de vivienda. Por tanto, la primera medida que queríamos poner en marcha era esta deducción fiscal en alquiler, en este caso en el tramo estatal del 10% de cada 9.000 euros a personas con ingresos menores de 28.000 euros brutos. Restablecemos una deducción por alquiler sin límite de edad y empezamos a hacerlo por las rentas más bajas, pero vamos a seguir avanzado en esta materia. Hacienda ha insistido en avanzar gradualmente por el coste que tiene la medida y por los efectos inflacionistas que podría tener si se aplica bruscamente, sin acompañarla de medidas que fomenten la salida de más pisos vacíos al mercado de alquiler.

¿Puede haber entonces una segunda fase en las deducciones?

Puede haber una segunda fase, por supuesto.

¿Da tiempo a firmar los convenios con todas las comunidades antes del 1 de enero para que esté lista la ayuda al alquiler?

Sí, estoy convencida de que las ayudas estarán disponibles en todas las Comunidades. El problema es demasiado grave para que ninguna escurra el bulto.

¿Qué otras medidas se están estudiando para la vivienda?

Un problema es el acceso a la vivienda para jóvenes y separados. Lo acometemos con la renta básica de emancipación y las deducciones fiscales del alquiler. Otra tarea importante a la que ya hemos dado un impulso ha sido el abaratamiento de las hipotecas a través de la Ley Hipotecaria. Y tenemos un tercer sector, que es el de la gente mayor con poca información, muchas veces gente sola, y que está sufriendo el acoso de algunos especuladores para echarles de su casa. Es lo que hemos conocido como acoso inmobiliario o mobbing inmobiliario. Les puedo comunicar ya que estamos en conversaciones con los ayuntamientos de España, a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), para desplegar una red de protección a estas personas frente al acoso de los especuladores inmobiliarios. Les proporcionaremos asistencia social, información y asistencia jurídica de forma gratuita. No sabemos cuántos son, pero sabemos que son muchos. Muchas de estas personas son ancianas, viven solas y no conocen sus derechos, y sobre todo, no saben cómo defenderlos. Queremos acercarnos a ellos y lo vamos a hacer a través de la administración más cercana, que son los ayuntamientos con todo el apoyo del ministerio.