Hoy da comienzo en Palma el juicio a los catorce imputados por presuntos delitos de falsedad documental en el llamado Caso Caballistas, entre los que se encuentran cuatro alcaldes en activo del Partido Popular.

Desde primeras horas de hoy y hasta el próximo 3 de diciembre declararán en la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) un total de: cuatro alcaldes (uno de ellos 'en funciones'); siete ex alcaldes; un teniente de alcalde en activo y dos funcionarios.

Estos catorce imputados, todos del PP, responderán a partir de hoy ante el juez por legalizar presuntamente una vivienda en suelo rústico propiedad del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal (PP).

El acta de acuerdo, emitida por el TSJIB el pasado mes de junio y firmada por el juez que instruye el caso, Antonio Montserrat, señalaba que, hasta la llegada del juicio de hoy, se decretaba libertad provisional para los catorce acusados, a los que se exigía presentar una fianza por los costes del juicio.

Entre los acusados se encuentran la ex alcaldesa de Felanitx y diputada autonómica, Catalina Soler; el alcalde de Montuïri, Gabriel Matas; el de Selva y presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el de Santanyí, Miquel Vidal; el alcalde en funciones de Llucmajor, Joan Jaume Mulet; y el de Inca, Joan Rubert, cuya fianza ascendió a 20.000 euros.

La mayor fianza interpuesta recayó sobre el ex alcalde de Ses Salines, Vidal, por valor 60.000 euros; mientras que la menor, de 14.000 euros, fue para el celador de obras del consistorio saliner, Sebastià Escalas.

El documento de apertura de juicio oral, fechado el pasado viernes, 13 de junio, explicitaba que los hechos por los que fueron imputados los catorce acusados "revisten carácter de delito" y que "existen indicios racionales de criminalidad" contra estas personas.

El escrito del Ministerio Fiscal explicaba que el primer acusado, el popular Sebastià Vidal, siendo alcalde del Ayuntamiento mallorquín de Ses Salines, construyó una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras edificaciones en la parcela 21 del polígono 9 del catálogo de fincas rústicas de dicho municipio.

La acusación, dirigida por el fiscal jefe Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, añadía además que dichas construcciones resultaban "de todo punto contrarias a derecho", pues los terrenos tenían la consideración de rústico y el tamaño de la parcela (8.878 metros cuadrados) era "muy inferior al requerido por la normativa" (14.000) para poder edificar.

"El acusado había tratado de legalizar la nave indicando que era para uso agrícola y dicha solicitud había sido denegada, lo que evidenciaba la ilicitud de lo construido", afirmaba el escrito de Carrau, quien recordaba que el único medio que tenía Vidal para dar legalidad a la obra era declararla de interés general.

El fiscal aseguró que, para conseguir esto, el entonces alcalde de Ses Salines hizo que la Agrupación Caballista del municipio promoviera la tramitación de un expediente solicitando la declaración de interés general alegando que su uso se destinaría al club social hípico de la localidad.

El papel oficial del Ayuntamiento lo firmó el propio Vidal el 11 de agosto de 2004, según afirmó el Ministerio Fiscal, "después de convencer a otros diez alcaldes para que realizaran documentos de contenido similar e inveraz, asegurándoles que el contenido de lo que firmaban se correspondía con la realidad".

Estos diez alcaldes, algunos de los cuales siguen ocupando cargos municipales o autonómicos en la actualidad, firmaron el documento que fue incorporado por el entonces alcalde de Ses Salines y principal acusado en el anexo 1 de la declaración de interés general bajo el epígrafe "Certificaciones de ayuntamientos".

El Ministerio Fiscal señaló que, además de Sebastià Vidal, era conocedor de la falsedad del documento el celador municipal de Ses Salines, Sebastià Escalas, así como el ex alcalde de Campos Andreu Prohens y su secretario municipal, Sebastià Portell.

Por el contrario, los otros diez acusados firmaron el documento, según la Fiscalía, "en la confianza de que Sebastià Vidal le había dicho la verdad", sin comprobar nada al respecto.

El fiscal Juan Carrau pide para el ex alcalde de Ses Salines, como inductor de un delito de falsedad documental en documento oficial, como autor del falso documento y como inductor de otros nueve delitos imprudentes, una pena de seis años de prisión, 24 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros e inhabilitación especial para cargo o función pública durante seis años.

Para el celador municipal de Ses Salines, Sebastià Escalas, cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota de diez euros e inhabilitación durante cinco años por falsedad documental.

La pena reclamada por la fiscal para el ex alcalde de Campos Andreu Prohens es de tres años de cárcel, veinte meses de multa de diez euros diarios e inhabilitación; mientras que para su secretario municipal la pena solicitada es de cuatro años de prisión, además de la multa y la inhabilitación.