Los seis detenidos por la Policía Nacional en la operación Ninette, desarrollada anteayer en Los Alcázares contra una presunta trama de corrupción urbanística, comenzaron en la tarde hoy a declarar ante la titular del juzgado de instrucción número dos de San Javier, Ana María Algar, según fuentes judiciales.

Pocas horas después de que el ex alcalde socialista de Los Alcázares Juan Escudero hubiera declarado a mediodía durante poco más de una hora ante los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en la comisaría de Cartagena, los seis detenidos fueron trasladados a los juzgados de San Javier esposados, todos en el mismo furgón policial.

Al salir de comisaría, Escudero dijo a los periodistas que esperaban fuera: "Respeto a la Justicia y colaboración con ella".

Además del que fuera alcalde de Los Alcázares entre 1991 y 2007, el pasado miércoles fueron detenidos el arquitecto municipal, Mariano Ayuso; su hermano Juan Ignacio; el ex secretario municipal, Diego Sánchez, y dos empresarios de constructoras de Santiago de la Ribera (San Javier), Valero y Francisco Javier Garcerán, padre e hijo, respectivamente.

Por otro lado, el PSOE murciano expulsó hoy del partido y del grupo municipal socialista de Los Alcázares al concejal de Urbanismo y Vivienda, Alfredo Blanco, que ocupaba ese cargo desde 1998, aunque entre 1995 y 1998 lo fue de Hacienda en el ayuntamiento marmenorense.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Murcia, Juan Antonio de Heras, señaló en rueda de prensa que la operación Ninette "es mucho más preocupante" que la denominada Tótem, de Totana, que investiga a un diputado regional del PP, mantiene en prisión desde el 3 de diciembre al alcalde, José Martínez Andreo, del mismo partido, y en la que hay 11 imputados en libertad provisional (9 con fianza), también por una presunta trama de corrupción urbanística.

Tras el Consejo de Gobierno semanal, De Heras afirmó que el caso de Totana obedece, "por lo que ha transcendido de él, a presuntas irregularidades administrativas", mientras que en Los Alcázares se habla de "todo un entramado" de corrupción urbanística que afecta al ex alcalde, al secretario del ayuntamiento hasta el pasado diciembre y al arquitecto municipal, así como a un hermano de éste y a dos empresarios.

Además, precisó que en Totana "no todas las actuaciones" de la investigación "giran en torno al urbanismo", mientras que en Los Alcázares "se multiplica por muchísimo tanto el dinero del que se está hablando como el número de imputados".

De Heras agregó que hasta el momento "no hay fundamentos suficientes" para que el Gobierno autonómico se plantee retirar las competencias de urbanismo al ayuntamiento de Los Alcázares, a lo que el PSOE no se opondría, según su secretario de Organización, Francisco Oñate, siempre que se tengan en cuenta también los casos de Totana y los de las localidades de Torre Pacheco y Águilas, dijo.

Por último, la coordinadora La Región de Murcia No Se Vende pidió hoy en una nota que el patrimonio de los condenados por corrupción urbanística se destine a restaurar el medio ambiente dañado con sus actuaciones, así como a la mejora ambiental, cultural o social de las localidades afectadas.