La Comisión del Diputado decide hoy si Merino alega por escrito o comparece

La Comisión del Estatuto del Diputado, que hoy comienza a debatir si cede o no el suplicatorio pedido por el Supremo contra el diputado del PP Jesús Merino por su relación con el "caso Gürtel", acordará en esta primera sesión si éste formula sus alegaciones por escrito o comparece ante la comisión.

Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que aunque aún está por decidir cuál será la fórmula que adopte la comisión en el caso de Merino, lo más probable es que se acuerde que haga sus alegaciones por escrito, ya que este es el procedimiento habitual y así ha sido en ocasiones anteriores.

No obstante, Merino podría querer dar las explicaciones que considere oportunas ante la propia Comisión del Estatuto del Diputado, una petición que ésta estudiaría.

Aparte de acordarse la forma en que el diputado popular pueda presentar su defensa de las acusaciones que le implican en la trama de corrupción "Gürtel", también se fijará el calendario de la tramitación del suplicatorio.

La Comisión, que preside el diputado socialista Frances Vallès, tiene 30 días hábiles para emitir un dictámen, un plazo que empezó a contar el pasado 2 de septiembre cuando la Mesa de la Cámara le remitió la petición del suplicatorio presentada por el Tribunal Supremo.

Además, el Reglamento del Congreso fija un plazo máximo de 60 días naturales para resolver toda la tramitación del suplicatorio, que en el caso de Jesús Merino, expiraría el próximo 31 de octubre.

Si para entonces el Pleno del Congreso no ha votado -lo hace de forma secreta- el suplicatorio que el Tribunal Supremo requiere para poder procesar a Merino, "se entendería que ha sido rechazado", han subrayado las mismas fuentes.

La Mesa del Congreso aceptó el pasado 1 de septiembre tramitar el suplicatorio que el Alto Tribunal pidió a últimos de julio para que la Cámara levante la inmunidad a Merino y pueda ser investigado por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal.

Junto al suplicatorio de Merino, el Supremo también elevó un escrito al Senado para poder seguir investigando y proceder contra el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis Bárcenas.

La Constitución establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad, por lo que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.