Las comunidades autónomas discrepan en cómo tratar a los centros que educan por sexos

Las autonomías y los sectores educativos mantienen opiniones divergentes sobre la concertación de colegios privados que educan por sexos, aunque unos y otros coinciden en cimentar sus argumentos en la legislación, principalmente en la Ley Orgánica de Educación (LOE), y la jurisprudencia.

La polémica resurgió el martes pasado, cuando la Consejería de Educación de Cantabria anunció que no renovará la subvención a un centro que sólo escolariza niños, ni se la concederá a otro de niñas.

Entre las comunidades abiertamente contrarias a suprimir el concierto, Madrid dice que se limita a "garantizar" la pluralidad de opciones escolares dentro del marco de derechos y libertad de la Constitución.

Según fuentes de la Consejería madrileña, la legislación "permite" la financiación pública de estos centros y hay jurisprudencia y organismos internacionales que avalan esta educación.

Según datos de las Consejerías recabados por Efe, están concertados unos 60 centros de educación diferenciada (muchos vinculados al Opus Dei), aunque hay autonomías donde no se da esta circunstancia (Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura), mientras que la Comunidad Valenciana no dispone de datos concretos.

La mayoría de esos colegios están en Cataluña (16), Andalucía (12) y Madrid (9), además de en el País Vasco (5), Galicia (5), Navarra (3), Asturias (2), Cantabria (2), Castilla y León (2), Murcia (2) y La Rioja (1).

Desde el punto de vista educativo, hay otros muchos factores, además del sexo, que influyen en la trayectoria académica de un alumno, indica el psicólogo y pedagogo Valentín Martínez-Otero, profesor doctor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense.

Si se opta por una educación diferenciada, que es "respetable", se debe garantizar la relación suficiente de chicos y chicas con el otro género para evitarles un déficit social y afectivo, dice.

El éxito académico, añade, no dependerá tanto de separar por sexos como de la atención personal que cada alumno requiera por sus propias circunstancias.

Desde la Universidad de Navarra, el profesor del departamento de Educación Javier Laspalas señala que retirar el concierto significa "sancionar" a los padres por una opción educativa "legítima".

Añade que la educación diferenciada está avalada por experiencias positivas, por ejemplo en los barrios pobres de Chicago, y no es discriminatoria siempre que se dé igual trato educativo a niños y niñas.

Según el artículo 83.4 de la LOE, "en ningún caso habrá discriminación", en la admisión de alumnos de centros públicos y concertados, "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Además, los centros que desarrollen la coeducación en todas las etapas tendrán atención "preferente y prioritaria" en las previsiones de la ley.

El secretario general de Escuelas Católicas, Manuel de Castro, interpreta que se garantiza la preferencia de los colegios mixtos para el concierto, pero no que se retire a los otros.

También la patronal CECE y los padres católicos de CONCAPA apelan a la libertad de enseñanza y de elección, y creen que la ley y varias sentencias les dan la razón.

Por el contrario, padres, sindicatos y estudiantes de la escuela pública reclaman la retirada del concierto a los centros que segreguen.

En Asturias, la Comisión Permanente de Escolarización ha propuesto retirar el concierto a los colegios de educación separada.

Según el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la disminución de los conciertos para estos colegios "será progresiva" y "preservará los derechos adquiridos de los escolares".

La normativa de conciertos de Andalucía ha recogido este año la obligación de no discriminar por sexo y todos los centros que han solicitado la renovación se han comprometido por escrito a cumplirlo.

En Castilla-La Mancha, ningún centro sostenido con fondos públicos puede negarse a escolarizar juntos niños y niñas de acuerdo con un decreto de 2004, respaldado por una sentencia del Supremo.

La Consejería gallega no tiene constancia de ningún problema sobre esta cuestión; la orden de conciertos de este año establece como objeto de atención preferente los centros de coeducación.

El proyecto de Ley de Educación de Cataluña proponía inicialmente prohibir las ayudas a las escuelas que diferencien por género, pero los grupos parlamentarios negocian otra fórmula por discrepancias.

Fuentes del Departamento vasco de Educación creen que "no existe una base legal" para rechazar el concierto por esos motivos.

Murcia aboga por "la libertad de educación" y La Rioja no se ha planteado retirar el concierto al único colegio de estas características de la región, entre otras razones porque admite niños y niñas, aunque en aulas diferentes.

En Navarra, el Parlamento rechazó en febrero una iniciativa de IU para instar al Ejecutivo a retirar los conciertos.