Las comunidades autónomas tendrán que salir de las cajas

Algunos gobiernos autonómicos han convertido a las cajas de ahorros en sus reinos de taifas y otros han montado verdaderos espectáculos en los últimos dos años para asegurarse de que mantienen el poder en las entidades de su territorio. Y muchas veces sin importarles que la crisis se las llevara por delante.

Con la reforma de la ley que aprobará hoy el Ejecutivo por decreto-ley, el poder de los gobiernos autonómicos va a quedar muy diluido. Las comunidades tendrán que abandonar los órganos de gobierno de estas entidades. Salvo que sean fundadoras de la caja, no podrán nombrar a los miembros de la asamblea, el consejo de administración, la comisión de control ni, por supuesto, al presidente de la caja. El argumento de la nueva normativa es que no puede a la vez dirigir una entidad quien además la supervisa (la tutela de las cajas depende de las autonomías y del Banco de España).

Las cajas podrán crear bancos para traspasarles su negocio financiero

Anoche, se seguían debatiendo algunos aspectos de esta disposición, como el periodo transitorio en el que tendrán que desaparecer los ejecutivos autonómicos de las cajas. En principio, podría ser un año, pero habrá que esperar a ver el documento que hoy saldrá del Consejo de Ministros y que entrará inmediatamente en vigor.

El Gobierno ha sorprendido con esta medida, que todavía no ha comunicado a las comunidades autónomas, que previsiblemente van a poner el grito en el cielo porque no están dispuestas a que nadie les arrebate un ápice de su poder. Y en este momento dominan en muchos casos más del 20% de los órganos de gobierno. En cualquier caso, la decisión está consensuada con el PP y la CECA.

El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, fue ayer muy poco explícito en la rueda de prensa al referirse a este asunto para no levantar la liebre demasiado pronto. Primero aseguró que el decreto "impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las cajas" (lo dejó para buenos entendedores) y unos minutos después añadió que tratará de lograr el consenso con los sindicatos y las comunidades autónomas, pero no ahondó en qué.

Zapatero: "La ley es histórica, imprescindible y fundamental"

Hasta ahora la pelea estaba en si se reducía el 50% que como máximo pueden ocupar los poderes públicos en los órganos de las cajas. La petición de la CECA, donde están todas las sensibilidades autonómicas, era que se bajara, al menos, al 40% y el Ejecutivo mostró su disposición a incluirlo. Pero ahora se elimina de pleno la representación de las comunidades y además se da entrada a los propietarios de las cuotas participativas con derechos de voto (similares a las acciones), que podrían llegar al 50% del capital. Los que pueden ganar en esta batalla son los representantes de los empleados y de los impositores, que incrementarán su poder en las asambleas y los consejos de administración.

Las comunidades autónomas sólo estarán presentes a partir de ahora en la Comisión de la Obra Social, un organismo de nueva creación.

Para avanzar también en la despolitización de las entidades, el decreto impedirá que haya cargos públicos electos en las cajas y, además, obligará a que al menos el 50% de los consejeros demuestren su cualificación y experiencia para asumir el cargo de consejero.

La otra gran consecuencia del decreto-ley que hoy se aprueba será que se abre la vía hacia la bancarización de las cajas. Tras la entrada en vigor de esta reforma, que Rodríguez Zapatero calificó de "histórica, imprescindible y fundamental", el sector nunca volverá a ser el mismo porque se parecerá mucho más al de los bancos, aunque con más obra social porque se les obligará a dedicar a ese fin el 50% de las ganancias que reciba la caja, una vez deducidas las aportaciones a los partícipes.

Las cajas podrán elegir qué fórmula escogen y podrán mantenerse, si lo desean, con el mismo estatus actual, aunque algo más privatizadas si deciden emitir cuotas participativas. Las que opten por un sistema más bancarizado podrán elegir, como primera opción, una fusión a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), que es la sociedad de la que cuelga el grupo y que habitualmente es un banco. También podrán convertirse en fundación (que se encargará de la obra social) y traspasar todo el negocio a una sociedad anónima, que será la que gestione el negocio de la caja. La última fórmula, de la que hasta ahora apenas se había hablado, será la de crear un banco y dotarle de todo el negocio de la caja. Ese banco filial puede ser, por ejemplo, un 55% propiedad de la caja y el resto, de cualquier otra sociedad, incluido un banco, lo que permitiría a la caja captar muchos recursos.

Estas tres fórmulas, más la emisión de cuotas participativas con derechos de voto, tienen como objetivo abrir a las cajas la posibilidad de obtener fondos en el mercado, algo que en este momento tienen prácticamente negado y que ha sido uno de sus principales lastres en esta crisis. Fuentes de las cajas aseguran que estas medidas no implican necesariamente la bancarización del sector, ya que cada entidad puede elegir, y aseguran que sólo se trata de una "evolución" a la que obliga el contexto, porque ahora tienen una "incapacidad" total de captar recursos.

Para decantarse por cualquiera de las salidas que esta ley permite, los órganos de gobierno de la caja tendrán que ponerse de acuerdo con una mayoría de, al menos, dos tercios. El Gobierno también ha fijado en el decreto ley que los procesos de integración que están actualmente en curso tendrán neutralidad fiscal.

Para llegar a este consenso, ha habido intensas negociaciones en los últimos días entre representantes del Ministerio de Economía, del Banco de España, de la CECA (con Isidro Fainé al frente) y del PP. Anoche continuaban. De hecho, por la tarde, el ministerio presentó su proyecto a los sindicatos UGT y CCOO, que, como era de esperar, mostraron su disgusto por lo que consideran una bancarización en toda regla de las cajas de ahorros y por no haber sido invitados a la negociación.

Mientras la normativa da sus últimos pasos, en el sector sigue habiendo mucho movimiento. Ayer se acabó el plazo para presentar ofertas por Cajasur. El Banco de España ha recibido siete propuestas: de Cajasol, Unicaja, BBK, Banca Cívica, Sabadell, BBVA y el portugués Caixa Geral.

La Comisión Ejecutiva de la BBK se reunió ayer para decidir su postura final. Se trata del tercer intento que realiza BBK el último año por aumentar el tamaño. Los dos anteriores (CCM y la CAM) fracasaron, informa G. Malaina.

1. Cuotas participativas, sip, fundaciones y filiales

La patronal de cajas pidió que la nueva normativa permitiera hacer trajes a medida para las cajas y así lo dispondrá el decreto ley que hoy salga del Consejo de Ministros. Las cajas podrán montar filiales bancarias para vender parte de su capital y captar así fondos, emitir cuotas participativas con derechos de voto, convertirse en fundaciones que posean su negocio financiero y fusionarse con otras mediante una sociedad común (SIP) que habitualmente es un banco.

2. Límite del 50%

Las cuotas participativas, similares a las acciones de los bancos, tendrán derechos de voto y no podrán suponer más del 50% del patrimonio de una caja. Es el porcentaje que existe en la actualidad, pero ahora no tienen derechos de voto. El decreto elimina el límite actual de que un cuotapartícipe no pueda controlar más del 5% de la entidad. Los fondos captados con estos títulos serán considerados capital de primera categoría. Hasta ahora son de segunda.

3. Despolitización

Las comunidades autónomas no podrán seguir participando en la dirección de las cajas. A partir de ahora, los órganos de gobierno quedarán en manos de las entidades fundadoras, las entidades representativas de la sociedad, los ayuntamientos, los empleados, los impositores y los propietarios de las cuotas participativas.

4. Neutralidad fiscal

Ante las dudas que ha suscitado la contabilidad de algunas fusiones, el Gobierno ha decidido que no tengan ningún efecto fiscal, es decir, que haya neutralidad.

5. Obra social

Para compensar la bancarización de las cajas, el Gobierno quiere potenciar la Obra Social. Obligará a las cajas a dedicar el 50% de los beneficios que perciban (una vez pagada su remuneración a los cuotapartícipes, que se decidirá en asamblea). En este momento no hay ningún límite. Antes de la crisis dedicaban entre el 20% y el 30% a este fin.