El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha dictado una sentencia que condena a un sevillano de 39 años, identificado como Antonio G.F., a un total de 18 meses de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela o guarda por dos delitos contra las relaciones familiares después de acordar la compra de un menor de edad a cambio de 1.000 euros en agosto de 2011 e intentar concertar una operación similar con una embarazada marroquí un mes después por 3.000 euros. Su esposa ha sido condenada a seis meses de prisión.

El condenado pactó primero con una mujer ceutí, Sara P.M. -que actualmente tiene 22 años y permanece en busca y captura-, 'al margen de los procedimientos legalmente establecidos para la constitución de guarda, acogimiento o adopción', la asunción de 'una relación análoga a la de filiación o parentesco' con su vástago menor de edad a cambio de mil euros, aunque no logró efectuar el cambio de filiación.

Un mes después, en septiembre de 2011, el condenado, su esposa y la mujer referida concertaron con una marroquí de 29 años, Mounia H., que los primeros se hiciesen con el hijo que esta última estaba gestando 'a cambio de 3.000 euros' pero finalmente la ciudadana del país vecino 'desistió de sus intenciones y no entregó al menor'.

En esta operación actuaron también como mediadoras, intermediarias e intérprete junto a Sara P.M., la madre de la embarazada (Safia M., declarada en rebeldía) y otra ceutí de 26 años, Uarda H.M., que además se comprometieron a hacerse cargo de la mujer en territorio español hasta que diese a luz.

Por su parte, la esposa del condenado, Vanesa E.M., malagueña de 32 años, ha aceptado una pena de seis meses de prisión que, como a su marido, al no tener ninguno antecedentes penales, se ha suspendido y conmutado por una multa total de 3.240 euros, respectivamente, según la información que adelanta en su edición de este viernes el diario 'El Faro de Ceuta'.

La mujer marroquí que pactó la entrega de su hijo y acabó arrepintiéndose ha sido condenada a un mes y medio de multa a razón de tres euros al día. Su colaboradora ceutí, como intermediaria de la operación ilícita, ha sido condenada a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación de dos años para ejercer la patria potestad, tutela, curatela o guarda del bebé, que actualmente permanece bajo custodia de la Administración local de Ceuta.