La Audiencia de Barcelona ha suspendido las penas de prisión para el empresario andorrano Fidel Pallerols y los hermanos y excargos de UDC Lluís y Vicenç Gavaldà por un delito de financiación irregular mientras se resuelve el indulto que la defensa de los tres ha solicitado al Estado. Según el auto, la Sección Segunda de la Audiencia adopta esta decisión porque si les encarcela ahora la petición de indulto podría ser 'ilusoria', al haber riesgo de que el Ministerio de Justicia no resuelva antes de que hayan acabado de cumplir la pena, que es inferior a dos años de cárcel.

Por ello, se estima el recurso presentado por las defensas y se aplaza la entrada en prisión, aunque si en un año el Gobierno no se ha pronunciado sobre el tema, puede acordarse que ingresen 'al entender desestimada la medida de gracia si transcurre dicho término'. El mismo tribunal había justificado en la sentencia su decisión de enviar a los tres condenados a prisión basándose en que es 'hasta obsceno' en el contexto actual de paro, crisis económica y casos abiertos de corrupción, que eviten la cárcel por tener penas inferiores a los do añoss, que es lo que suele suceder si no tienen antecedentes como en este caso.

El entonces director general de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, había sido condenado a año y medio de cárcel por un delito continuado de malversación y falsedad documental; su hermano y exsecretario de organiación de UDC, Vicenç Gavaldà, a siete meses de prisión, igual que el dueño de las academias, ambos por sendos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.

Los acusados reconocieron a principios de año que entre 1994 y 1999 concedieron a Pallerols varios millones de euros en subvenciones del Departament de Trabajo, controlado entonces por la UDC, con el compromiso de entregar luego parte de esas sumas para la financiación del partido democristiano. Por su parte, UDC aceptó devolver, de forma solidaria con el resto de procesados, los 385.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del caso Pallerols.

El acuerdo 'in extremis' entre las partes evitó la celebración del juicio y, con el mismo, el fiscal rebajó la petición de cárcel de los condenados a menos de dos años en base a tres motivos: reparación del daño (al haber abonado lo defraudado), dilaciones indebidas (el fraude se produjo de 1994 a 1999) y reconocimiento de los hechos.