La Caixa y Caja Madrid Bolsa fueron consideradas responsables subsidiarias del agujero creado en la agencia de valores Gescartera, cuyo dueño, Antonio Camacho, fue condenado a 11 años de cárcel, la pena de prisión más alta impuesta hoy por el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el caso.

La sentencia de 590 folios, que será recurrida ante el Tribunal Supremo al menos por las dos entidades y los 8 condenados, fija unas indemnizaciones a los afectados por importe de 87,99 millones de euros, a los que hay que añadir los intereses devengados desde que se intervino la agencia de valores, el 14 de junio de 2001.

Los 87,99 millones incluyen los 56,85 millones de menoscabo patrimonial para los 655 particulares y entidades perjudicadas, a lo que hay que sumar los al menos 26 millones de euros que les adelantó el Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) a los afectados (con un máximo de 20.000 euros cada uno) y que ahora recuperará.

Esa cifra se sitúa en la banda alta de la responsabilidad civil subsidiaria calculada para La Caixa y Caja Madrid Bolsa por la Fiscalía Anticorrupción, representada por Vicente González Mota, que también había pedido para Camacho los 11 años de prisión (8 por apropiación indebida y 3 por falsedad documental) a los que finalmente le han condenado.

Los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que enviaron hoy a Camacho y a otros cuatro condenados a la prisión de Soto del Real (Madrid) ante el riesgo de fuga, argumentan que los condenados "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada, pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes".

Por ello, además de Camacho, el tribunal presidido por Carmen Paloma González ha impuesto una pena de cárcel al número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, para quien dictó un total de 10 años y medio de prisión -7,5 años por apropiación indebida y 3 años por falsedad documental-.

Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores Gescartera, fue condenado a 9 años de cárcel por apropiación indebida (7 años) y falsedad documental (2 años).

El apoderado y subdirector general Francisco Javier de la Sierra Flor también fue condenado, en su caso a seis años y medio de prisión por la autoría de un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, para el que la pena se queda en 6 años al ser cooperador necesario.

Todos fueron enviados como medida cautelar a la prisión de Soto del Real, donde tendrán que permanecer de forma preventiva hasta que la sentencia sea firme (ya no haya más posibilidades de recurso) o hasta que cumplan la mitad de la pena impuesta.

En el caso de Camacho, que ya estuvo en la prisión de Soto del Real desde el 17 de julio de 2001 hasta el 2 de julio de 2004, tendrá que cumplir cerca de dos años más de cárcel para salir en tercer grado y cerca de cinco para salir en libertad condicional, según fuentes jurídicas.

Una de las personas que se mostró más turbada durante la lectura del fallo fue la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, condenada a 3 años y 6 meses de prisión por ser cómplice de un delito de apropiación indebida.

Giménez-Reyna podría tener que entrar en prisión, donde ya pasó cinco meses, si se confirma la pena impuesta.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también condenó a los directivos de la oficina de La Caixa en Majadahonda (Madrid): José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats.

Tras conocer la sentencia, el fiscal se mostró visiblemente satisfecho, ya que "da confianza a los inversores de que en España quien invierte a través de entidades constituidas en el sistema financiero tiene una reparación real".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios Adicae, Manuel Pardos, mostró su satisfacción por las condenas y el reconocimiento de la responsabilidad de La Caixa y Caja Madrid.

La alegría de los afectados contrastaba con las lágrimas de Laura García-Morey, la mujer de Camacho, que llegó por separado al recinto de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo donde se celebraron durante meses las sesiones del juicio oral.

Pese a haber sido absuelta, García-Morey no pudo evitar las lágrimas después del veredicto, mientras se esperaba que los jueces decidieran si enviaban o no de forma cautelar a prisión a Camacho y a otros cuatro condenados.