Estar solo, en un país extranjero, sin ningún adulto de referencia 'ya es estar desasistido y en situación de riesgo'. Con este argumento, el Defensor del Pueblo exige a la Junta de Andalucía que declare en situación de desamparo a los menores inmigrantes no acompañados por sus padres o tutores que llegan a la región, puesto que no siempre lo hace.

La institución que dirige Enrique Múgica recibió la queja de un colectivo 'preocupado' por la 'resistencia' de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social andaluza a reconocer el desamparo a los inmigrantes menores y, por tanto, su derecho a estar tutelados por la Administración.
Los motivos aducidos por la Junta para no reconocer el desamparo sistemático de estos jóvenes son que los centros de acogida de menores en Andalucía están muy saturados y sus dudas sobre si realmente son menores. También se quejan de que estos chicos se aprovechan de las medidas de protección de menores para residir o trabajar en España, concretó la adjunta al Defensor, María Luisa Cava de Llano.

Privación de tutela

Sin embargo, la institución entiende que 'no caben criterios de interpretación' sobre el desamparo, puesto que se privaría a los menores del sistema de tutela. En concreto, hace alusión a un motivo subjetivo y otro objetivo para declarar el desamparo de un menor: la dejación de asistencia moral o material por parte de sus padres y que los menores se encuentren en situación de abandono, respectivamente.

Frente a ello, el Defensor señala que la 'única posibilidad' es la tutela por parte de la entidad pública, con sus consiguientes derechos. Por eso, Múgica exige a la Junta de Andalucía, en una recomendación dirigida a su Consejería de Igualdad y Bienestar Social el pasado 15 de febrero, que dicte las instrucciones pertinentes para declarar el desamparo de estos chicos extranjeros, con el fin de que estén bajo resposabilidad de esa Administración hasta que se transfiera a otra autoridad, se produzca la reagrupación familiar o el joven alcance la mayoría de edad.

Así, advierte en su escrito a la Junta de Andalucía que su intención de que no se declare formalmente la situación de desamparo de los menores supone un incumplimiento del Código Civil.

Además de Andalucía, la adjunta al Defensor del Pueblo señaló que una actuación similar se ha detectado con menores no acompañados en Ceuta, Melilla y Canarias. Por ello, la institución mantiene 'mucha correspondencia' al respecto con las ciudades autónomas y el archipiélago. De hecho, los inmigrantes no acompañados en Canarias eran 1.037 en marzo, más 120 tutelados.